La Paz, 10 de julio de 2025 — La firma del contrato entre Bolivia y la empresa rusa Uranium One Group para la industrialización del litio ha generado un fuerte debate en el Congreso y un rechazo contundente por parte del líder político Manfred Reyes Villa.

A meses de concluir la gestión gubernamental y en un contexto de profunda deslegitimación institucional, crecen las voces que cuestionan la legalidad, oportunidad y transparencia de este acuerdo que comprometería recursos estratégicos del país por décadas.

“Ni el gobierno saliente ni la Asamblea Legislativa gozan de la legitimidad necesaria para firmar contratos tan importantes para el futuro de nuestro país”, declaró Reyes Villa en tono enérgico. “Exigimos que no hipotequen el futuro de nuestra gente. Ya se van, váyanse con dignidad”, agregó, haciendo referencia al final del mandato del actual Ejecutivo.

UN CONTRATO CUESTIONADO

El convenio, promovido por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, pretende avanzar en la explotación e industrialización del litio en los salares bolivianos con participación rusa en tecnología y financiamiento. Sin embargo, sectores opositores y expertos advierten sobre cláusulas lesivas a los intereses nacionales, falta de consulta ciudadana y ausencia de auditorías técnicas independientes.

“Están entregando el litio sin que el pueblo lo sepa ni lo apruebe”, afirmó un parlamentario de la oposición durante la sesión del Legislativo. A esto se suma el creciente malestar en regiones del altiplano, donde comunidades exigen participación en las decisiones que afectan sus territorios y recursos.

CRISIS DE LEGITIMIDAD

El rechazo de Reyes Villa refleja un sentimiento generalizado en la opinión pública boliviana: desconfianza hacia las instituciones actuales y exigencia de un nuevo pacto nacional sobre el manejo del litio. Analistas políticos consideran que cualquier decisión de alto impacto económico tomada en esta etapa preelectoral carece de consenso y puede ser revertida en la próxima gestión.

“No se puede hipotecar el futuro del país con contratos firmados al apuro, sin transparencia y en medio de un clima de crisis institucional”, opinó el analista energético Javier Cortez. “El litio debe ser un motor de desarrollo nacional, no una fuente de conflicto político”.

RUMBO INCIERTO

En medio de un clima electoral cada vez más polarizado, la pugna por el litio se ha convertido en un nuevo frente de disputa entre oficialismo y oposición. Mientras el Ejecutivo insiste en que la firma con los rusos traerá inversiones y desarrollo tecnológico, sus detractores lo acusan de actuar con irresponsabilidad y de atentar contra la soberanía nacional.

Lo que está claro es que Bolivia se encuentra ante una encrucijada histórica: decidir si el litio será administrado con visión de futuro y participación social, o si continuará siendo moneda de cambio en acuerdos cuestionados que solo benefician a unos pocos.