La existencia de una denominada “policía sindical” en la región del Chapare ha generado debate sobre su legalidad y su papel en la seguridad local.

Aunque estas estructuras son organizadas por los sindicatos cocaleros para ejercer control interno en sus comunidades, no cuentan con reconocimiento oficial dentro del marco normativo boliviano.

De acuerdo con la Constitución Política del Estado, la seguridad ciudadana es una atribución exclusiva de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en el Chapare, una región con fuerte presencia sindical y tensiones históricas con el Estado, la presencia de estas agrupaciones se ha consolidado en la práctica como un mecanismo de control comunitario, dijo el abogado y analista politico Dulfredo Flores.

Fuentes locales afirman que estos grupos de seguridad se encargan de regular el ingreso y salida de personas en determinadas zonas, además de mediar en conflictos internos.

No obstante, analistas y expertos en derecho advierten que cualquier ejercicio de autoridad fuera del marco legal podría derivar en situaciones de abuso de poder e impunidad.

Por su parte, el Gobierno ha reiterado en varias ocasiones que ninguna organización sindical o social puede arrogarse funciones de seguridad pública.

En 2020, un operativo policial en la zona intentó desarticular estos grupos, lo que derivó en enfrentamientos con sectores cocaleros.

A pesar de estas advertencias, los sindicatos del Chapare defienden su derecho a organizarse y autogestionar la seguridad en sus comunidades, argumentando que la Policía Boliviana no garantiza una presencia efectiva en la región.

El tema sigue siendo motivo de controversia y un punto de tensión entre el Gobierno y los sectores cocaleros, mientras la legalidad y el alcance de estas estructuras continúan en debate.