En una situación inédita tras la pandemia, el Senado sesionó el sábado de manera virtual mediante Zoom, para sancionar una ley que amplía de tres a seis meses el plazo de arraigo que deben cumplir exautoridades tras haber dejado el cargo.

La norma fue aprobada hace dos días en Diputadas y el Senado decidió sesionar este mismo sábado, cuando prácticamente se cumplen los tres meses de la salida de las anteriores autoridades del Gobierno del MAS.

El Senado acudió a una estipulación del reglamento utilizada durante la pandemia, que le permite sesionar de forma virtual.

El vicepresidente Edmand Lara ya había criticado la actitud del presidente del Senado, Diego Ávila, por convocar a sesión por internet y no hacer el “sacrificio” de trabajar el fin de semana. Consideró un mal ejemplo que será imitado en otros niveles del Estado.

Con la mayoría de las cámaras apagadas en la sesión y con alguno participando incluso caminando en la calle, se desarrolló la votación del proyecto de ley en horas de la tarde del sábado.

Sin objeciones, el proyecto de ley de ampliación del arraigo fue aprobado en grande y detalle. Luego se dispuso que se envíe al Ejecutivo para su promulgación.

Con esta norma, ahora deben permanecer en el país hasta seis meses después de dejar el cargo quienes hayan ejercido como Presidente, Vicepresidente, ministros, gobernadores, alcaldes, asambleístas, concejales y Máximas Autoridades Ejecutivas de las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales.

La ley 1352 establecía “una permanencia obligatoria en el país de 90 días”, un plazo que se cumplía este domingo. Si el Senado no sancionaba la ley el sábado, el domingo 8 expiraría el plazo, y los exfuncionarios del gobierno de Luis Arce podrían viajar sin ninguna restricción.

La ley 1352 tuvo “una curiosa promulgación y aplicación”: fue sancionada en agosto de 2020 durante el gobierno de Jeanine Áñez, pero esta se resistió a promulgarla.

Dicha promulgación la realizó entonces la presidenta del Senado, Eva Copa; sin embargo, el Ejecutivo no la publicó en la Gaceta Oficial, impidiendo que entrara en vigencia. En diciembre de 2020, cuando Luis Arce ya era presidente, ordenó finalmente la publicación de la ley, y desde entonces se encontraba vigente.

Una vez que el proyecto de ley cumplió con todos los trámites legislativos en sus dos instancias—en grande y en detalle—, el documento será remitido al Órgano Ejecutivo para su promulgación por parte del presidente Rodrigo Paz.