Cochabamba.— La normativa electoral boliviana establece requisitos claros para quienes aspiran a cargos electivos subnacionales, entre ellos el de residencia permanente en la jurisdicción por al menos dos años continuos previos a la elección, exigencia que hoy genera cuestionamientos en torno a la candidatura de Rocío Molina, postulante a la Alcaldía de Cochabamba.

De acuerdo con la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley del Régimen Electoral (Ley N° 026), los candidatos a alcaldes deben acreditar residencia efectiva y continua en el municipio al que postulan, requisito que tiene como finalidad garantizar el arraigo territorial, el conocimiento de la realidad local y el vínculo directo con la población.

En ese contexto, diversos sectores ciudadanos y analistas políticos han puesto en duda el cumplimiento de este requisito por parte de Rocío Molina, quien en los últimos años habría ejercido funciones como servidora pública en el Ministerio de Hidrocarburos, con sede en la ciudad de La Paz.

Esta situación abre el debate sobre si su residencia habitual y permanente estuvo realmente en el municipio de Cochabamba durante el periodo exigido por la norma.

Especialistas en derecho electoral recuerdan que no basta con la inscripción en el padrón electoral o la presentación de documentación formal, sino que la residencia debe ser real, verificable y continua, aspecto que puede ser objeto de impugnación ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) o el Tribunal Supremo Electoral (TSE) si existieran pruebas suficientes.

“La residencia no es un requisito decorativo, es un principio democrático que busca evitar candidaturas improvisadas o alejadas de la realidad municipal”, señaló un analista consultado, quien agregó que el órgano electoral tiene la obligación de fiscalizar con rigor el cumplimiento de todos los requisitos habilitantes.

En un escenario electoral marcado por la desconfianza ciudadana y la demanda de transparencia, distintos sectores piden al Órgano Electoral actuar con independencia y apego estricto a la ley, garantizando que solo participen candidatos que cumplan plenamente con los requisitos constitucionales y legales.

La población cochabambina espera que este proceso electoral se desarrolle con reglas claras, respeto a la norma y sin privilegios, fortaleciendo así la institucionalidad democrática y la legitimidad de las futuras autoridades municipales.