Nuevamente Bolivia en zozobra, el evismo ha iniciado desde Patacamaya una marcha en defensa de la delincuencia y de la impunidad. En Cochabamba repudian la marcha de cocaleros que protegen los delitos sexuales de Evo Morales, apunto el analista político, German Velarde.
En Cochabamba, se han registrado manifestaciones en repudio a las marchas organizadas por cocaleros en apoyo al expresidente Evo Morales, quien enfrenta acusaciones de delitos sexuales.
Estas protestas reflejan la polarización en la sociedad boliviana respecto a las acciones de Morales y sus seguidores.
En esta marcha denominada de la impunidad, encabezan diputados, senadores, asambleístas y concejales del evismo. La mayoría de los marchistas son chapareños y algunos caos son gente necesitada que reciben 300 bolivianos por día por marchar. Esta ultima movida política es para obligar a los gobernantes para parar los juicios que enfrenta Evo Morales por delitos sexuales a menores de edad.
En octubre de 2024, la Fiscalía de Bolivia emitió una orden de arresto contra Morales por presunto "estupro agravado con trata de personas", relacionado con una menor de 15 años en 2016. Morales no se presentó a declarar y se refugió en el Chapare, una región cocalera donde cuenta con amplio respaldo. Sus seguidores han realizado marchas y bloqueos en diversas partes del país, amenazando con "incendiar" Bolivia si su líder es detenido.
Estas movilizaciones han generado rechazo en sectores de la población cochabambina, que consideran inapropiado el apoyo a una persona investigada por delitos graves.
Organizaciones de la sociedad civil y colectivos feministas han expresado su indignación, realizando contramarchas y vigilias en solidaridad con las víctimas de violencia sexual.
La Defensoría del Pueblo ha convocado a marchas de solidaridad con las víctimas de violencia sexual, movilizando a la población en todo el país.
La situación ha intensificado las tensiones políticas y sociales en Bolivia, evidenciando la profunda división entre los partidarios de Morales y quienes exigen justicia y respeto por los derechos humanos. El gobierno de Luis Arce enfrenta el desafío de manejar esta crisis, equilibrando las demandas de justicia con la estabilidad social y política del país.
