Santa Cruz de la Sierra atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de seguridad de los últimos años.

Una seguidilla de asesinatos con características de sicariato, presuntamente vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, ha encendido las alarmas de la población y reavivado el debate sobre la capacidad del Estado para contener la violencia.

En pleno centro de la capital cruceña, un nuevo hecho de sangre sacudió a la ciudadanía. Testigos relataron que sujetos armados, presuntamente de nacionalidad brasileña, ejecutaron a una persona en un ataque directo.

Versiones preliminares apuntan a un posible ajuste de cuentas tras el robo de una importante cantidad de droga —cercana a una tonelada— que habría estado almacenada en una vivienda del barrio Oriental.

El patrón se repite en distintas zonas del departamento. En San Matías, fue acribillado Douglas Queiroz, conocido en el mundo delictivo como “Techo e’ paja matieño”.

Según reportes policiales, tenía antecedentes por la Ley 1008 y era identificado como “acoplador” de droga, es decir, encargado de recibir y redistribuir cargamentos ilícitos.

Otro caso similar se registró en Puerto Quijarro, donde un ciudadano brasileño vinculado al transporte de droga —denominado en la jerga como “pilchero”— fue asesinado en medio de disputas entre organizaciones criminales internacionales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), grupos que, según informes de inteligencia, han extendido su influencia en zonas fronterizas de Bolivia.

La violencia también alcanzó a figuras ligadas a redes mayores del narcotráfico. En un hecho que generó gran repercusión, fue asesinado “Pepo”, identificado como piloto vinculado al entorno del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

El crimen ocurrió durante un evento automovilístico en Santa Cruz. De acuerdo con antecedentes, el piloto continuaba operando vuelos clandestinos incluso después de la caída de su presunto jefe, y mantenía conflictos con otros actores del circuito criminal.
Sin embargo, el hecho que más conmocionó al país fue el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure, ejecutado a tiros por sicarios en motocicleta en pleno centro cruceño.

El crimen, por el perfil de la víctima, elevó la preocupación sobre el alcance del crimen organizado y su posible penetración en estructuras institucionales.

La violencia no se limita a Santa Cruz. En Bermejo, un ciudadano fue interceptado por motociclistas armados que abrieron fuego contra su vehículo en un ataque directo, replicando el mismo modus operandi. A estos hechos se suma un reciente tiroteo registrado en inmediaciones del boliche “Woods” en la capital cruceña, donde una persona perdió la vida y otra resultó herida.

Analistas en seguridad advierten que estos hechos reflejan una escalada de violencia ligada a disputas territoriales, ajustes de cuentas y reconfiguración de rutas del narcotráfico, especialmente en regiones fronterizas y ciudades estratégicas.

Mientras tanto, crece el cuestionamiento ciudadano hacia las autoridades nacionales por lo que consideran una respuesta insuficiente frente a una problemática que ya no es aislada, sino estructural. La población exige medidas urgentes, mayor control territorial y una estrategia integral que permita frenar el avance del crimen organizado antes de que la situación se torne aún más incontrolable.