Bolivia atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años luego del incremento en el precio de los carburantes, una medida que ha desatado un efecto dominó en la economía, el tejido social y la estabilidad política del país.

En las últimas horas, transportistas del servicio público aplicaron de manera arbitraria un aumento de hasta el 50% en las tarifas, afectando directamente a miles de ciudadanos que dependen del transporte diario para trabajar, estudiar y movilizarse.

La falta de control y fiscalización por parte de las autoridades generó indignación y rechazo generalizado.

La situación se agravó en los mercados de abasto, donde comerciantes mayoristas incrementaron de forma abusiva los precios de productos de la canasta familiar como arroz, fideos, aceite y otros alimentos esenciales, sin una justificación técnica clara.

Esta práctica provocó largas filas, desesperación y escenas de angustia, especialmente entre amas de casa que luchan por abastecer a sus familias en medio de una creciente incertidumbre económica.

En Cochabamba, así como en otras ciudades del país, se registraron mitines, protestas callejeras y movilizaciones de diversos sectores sociales, entre ellos transportistas, gremiales, estudiantes y vecinos, quienes expresaron su rechazo contundente al gasolinazo y exigieron la inmediata reversión de la medida. Las protestas reflejan un clima de tensión social que va en aumento.

Desde el ámbito político, la medida ha sido duramente cuestionada por organizaciones sociales y analistas, quienes advierten que el incremento de los carburantes golpea directamente a los sectores más vulnerables y profundiza la crisis económica. Asimismo, se denuncia la ausencia de un plan de contención social que amortigüe el impacto del alza de precios.

Diversos sectores advierten que, de no existir una respuesta inmediata del Gobierno, desde el lunes podría desencadenarse una convulsión social a nivel nacional, con bloqueos, paros y movilizaciones masivas que pondrían en riesgo la estabilidad del país.

La población exige medidas urgentes, control de precios, freno a los abusos y un diálogo real que permita enfrentar la crisis sin trasladar el peso económico a los hogares bolivianos. Bolivia vive horas decisivas, marcadas por la incertidumbre, el malestar social y la exigencia de soluciones concretas.