La Defensoría del Pueblo presentó ante el Juzgado Agroambiental del Distrito Judicial de La Paz una solicitud de medidas cautelares con el fin de detener temporalmente el tratamiento legislativo del contrato de explotación de litio firmado entre el Estado boliviano y la empresa rusa Uranium One Group.

La acción, comunicada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el pasado 28 de julio, busca garantizar la protección de los derechos ambientales y de la Madre Tierra.

En el documento, la entidad solicita suspender el avance de los proyectos de ley vinculados a estos contratos hasta contar con estudios hidrogeológicos completos sobre la disponibilidad de agua en las áreas de explotación.

También demanda que se cumpla con la consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas y que se establezcan normas que obliguen a realizar evaluaciones ambientales estratégicas antes de aprobar acuerdos similares.

“La industrialización del litio debe adoptarse con la máxima transparencia, observando la normativa nacional e internacional, y considerando de manera seria los impactos sobre los recursos hídricos y los ecosistemas”, señaló la Defensoría, exhortando a las cámaras legislativas a actuar con responsabilidad y priorizar el interés nacional y el respeto a los derechos de la Madre Tierra.

La institución recordó que, como organismo con estatus “A” reconocido por el Sistema de Naciones Unidas, su mandato constitucional le faculta para velar por los derechos humanos individuales y colectivos, así como por los derechos ambientales. En esa línea, reafirmó su compromiso de tomar todas las acciones necesarias para la protección y promoción de estos derechos “en beneficio de la población y de la vida en todas sus formas”.

El contrato con Uranium One Group contempla una inversión aproximada de 970 millones de dólares para la instalación de una planta capaz de producir 14.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Su reciente aprobación en la Comisión de Economía Plural de Diputados ha generado críticas por la falta de documentación técnica y financiera completa, además de protestas de sectores cívicos y sociales de Potosí.