Ante las recientes declaraciones del Presidente Luis Arce Catacora, calificando a la oposición como “saqueadores de la patria”, el líder de SUMATE y excandidato presidencial Manfred Reyes Villa rechaza con firmeza estas imputaciones como “una canallada que vulnera el honor y desacredita el debate político en Bolivia”.
DECLARACIÓN DE MANFRED REYES VILLA:
“Resulta indignante y difamatorio que el Mandatario etiquete de saqueadores a quienes, desde la legítima oposición, exigimos soluciones a la grave crisis económica y social que atraviesa el país.
Es una canallada que solo demuestra desesperación y la vocación autoritaria de un gobierno que rehúye el diálogo y se escuda en la descalificación política”.
CONTEXTO DE LAS ACUSACIONES:
En los últimos meses, distintos sectores sociales y productivos han denunciado alzas descontroladas en la inflación, la escasez de combustibles y la falta de dólares, hechos que coinciden con la gestión económica del MAS.
Frente a estas protestas, el Presidente Arce ha respondido señalando a la oposición de “saquear” los recursos del Estado, en vez de asumir la responsabilidad directa de su administración.
Reyes Villa subraya que estas acusaciones no solo carecen de fundamento, sino que buscan distraer la atención pública de la gravedad del deterioro del poder adquisitivo y la paralización del aparato productivo.
CRÍTICA AL ESTILO DE GOBIERNO:
- Descalificación antes que gestión: Convertir las legítimas demandas ciudadanas en “conspiraciones” o “saqueos” revela el temor del Ejecutivo a enfrentar políticamente sus errores.
- Cultivo del victimismo: Al presentarse como víctima de supuestas agresiones, el gobierno elude la autocrítica y obstaculiza la búsqueda de soluciones conjuntas.
- Ruptura del diálogo democrático: Estas expresiones agravan la polarización y dificultan el consenso necesario para revertir la crisis económica.
LLAMADO AL PRESIDENTE ARCE:
Retirar inmediatamente las calumnias y ofrecer una disculpa pública a quienes, de buena fe, exigen transparencia y eficacia en el manejo de los recursos estatales.
Abrir espacios de diálogo con la oposición y con la sociedad civil organizada para diseñar un Plan de Emergencia que estabilice precios, asegure combustibles y garantice la disponibilidad de divisas.
Asumir responsabilidad por la pésima gestión económica y definir un cronograma de reformas estructurales que recupere la confianza de los bolivianos.
