“El análisis de género realizado en esta sección demuestra la importancia de adoptar un enfoque de género en la documentación, la investigación y la judicialización de los hechos ocurridos entre 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019, así como en las reparaciones de los daños ocasionados por estos hechos. Es necesario, además, adoptar una estrategia proactiva en la investigación y documentación de hechos que, de otra manera, tienden a no ser visibilizados, como el caso de la violencia sexual, tanto contra mujeres como contra hombres”, señala el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre los hechos violentos de 2019.
El GIEI identificó, durante la crisis de 2019, casos de violencia sexual y de género, que pudieron ser más de los denunciados.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que investigó los hechos de violencia y vulneración a los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, destaca en su informe final desde el manoseo y un caso de violación a mujeres detenidas en El Alto, hasta la desnudez forzada de hombres y mujeres de la Caravana del Sur, en Vila Vila.
En este acápite del informe del GIEI, al menos tres mujeres denuncian que fueron víctimas de tocamientos sexuales mientras estaban privadas de su libertad.
Dos casos ocurren en la Estación Policial Integral (EPI) 3 de El Alto, donde a una de ellas, el 11 de noviembre, “policías le agarraron los pezones y le introdujeron el dedo en la vagina”, este último hecho tipificado como violación en el Código Penal según hace notar el GIEI. Tras ello y ya en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la obligaron a desnudarse tras haberla amenazado con violarla. Fue además víctima de violencia reproductiva porque estaba embarazada y durante los cuatro meses que permaneció en la cárcel de Obrajes, la obligaron a cargar pesos, según el reporte.
Otra mujer denuncia haber sufrido vejaciones y amenazas similares en la misma EPI de El Alto, y haber sido obligada a desvestirse en la cárcel de Obrajes. Otra ciudadana testimonia que recibió las mismas amenazas en la Felcc de La Paz tras ser detenida el 15 de noviembre.
Durante esas fechas, hubo amenazas de violación y golpes en los genitales a varones que se movilizaron.
El informe también concluye que hubo violencia reproductiva contra la exjefa de gabinete del expresidente Evo Morales Patricia Hermosa, arrestada el 31 de enero: entre el 6 y 16 de marzo sufrió un sangrado y perdió a su bebé, y no recibió atención que solicitó.
El caso de Marco Antonio Borda Belzu, hermano del expresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, está inscrito como un acto de violencia sexual en otros contextos. El 10 de noviembre, un grupo entró a su casa por la fuerza, lo golpeó en sus genitales y nalgas, lo desnudó, le roció gasolina, lo expuso públicamente, golpeó a su hijo y amenazó con violar a su hija de 15 años, a quien manosearon e insultaron, mientras acusaban a su hermano “de haber hecho violar” y reclamaban la renuncia de este, según su testimonio.
El ataque a la Caravana del Sur en Vila Vila (Potosí), el 9 de noviembre, está descrito como desnudez forzada. Los integrantes de la caravana fueron insultados, golpeados y obligados a desvestirse mientras eran filmados en esas condiciones algunos casos. "El hecho de ser forzados a desvestirse en la carretera, frente a otras personas, y sobre todo bajo el control y la mirada de quienes los privaron de su libertad y les estaban agrediendo física y psicológicamente, debe ser considerado una forma de tortura", se lee.
Lo mismo ocurrió en Sipe Sipe, el 6 de noviembre, según el informe del GIEI.
El grupo interdisciplinario resalta la agresión y humillación pública de la entonces alcaldesa de Vinto y ahora senadora, Patricia Arce, el 6 de noviembre. Ven en la acción de cortarle el cabello, “un acto simbólico de violencia contra la mujer”.
El GIEI también documentó casos de madres solteras que tuvieron que dejar a sus hijos cuando fueron detenidas. Cita a las vocales del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca Rosalía Quispe y Cira Torres; la primera tenía un hijo de seis años a su cargo y logró su detención domiciliaria un mes después, mientras la segunda estuvo detenida durante cuatro meses y tenía dos hijas de 12 y 14 años entonces.
El GIEI documentó los casos de Hermosa, Lorgia Fuentes –ligada al exministro de Gobierno Carlos Romero– y Edith Chávez –vinculada al ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana– porque “demuestran la forma en la cual algunas mujeres fueron instrumentalizadas con el propósito de atacar a opositores políticos, y, en ese proceso, fueron ellas las que resultaron víctimas de graves violaciones de sus derechos humanos”.
Este acápite menciona más casos como el de Nadia Cruz, defensora del Pueblo; Nelson Cox, defensor del Pueblo en Cochabamba; María Eugenia Choque, expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, la vocal electoral Susy Fuentes, la activista Teresa Subieta, la periodista Alejandra Salinas, entre otros.
Los testimonios que recoge el informe del GIEI identifican a policías como autores de los abusos sexuales, a miembros de la Resistencia Juvenil Cochala como autores de amenazas de violación y agresiones, y a funcionarios públicos como parte de las personas que agredieron a los manifestantes de Vila Vila.
Salvo en el caso de la Caravana del Sur, los testimonios dan cuenta de agresiones a personas ligadas a la administración del MAS.
“Es importante señalar que, debido a variadas razones, es muy probable que existan otros casos de violencia sexual que no llegaron a ser documentados por el GIEI. Estas razones incluyen el temor y falta de confianza en declarar sobre actos de violencia sexual, el estigma asociado con este tipo de violencia, el abordaje estereotipado y victimizante por parte de miembros de la fuerza pública y del sistema de justicia, y el hecho de que muchas veces no se reúnen las condiciones adecuadas, de tiempo y otras, para que las personas lleguen a describir los actos de violencia sexual durante una entrevista.
Adicionalmente, en los casos de violencia sexual contra hombres, muchas veces las propias víctimas y algunas personas que las asisten o que documentan los actos cometidos no reconocen ciertos actos como violencia sexual”, remarca el GIEI a un inicio.
