El Supremo pasó a manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la autorización de juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta Jeanine Áñez; ayer, remitió el pliego acusatorio de la Fiscalía General del Estado, por hechos de Sacaba y Senkata, calificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte.
La remisión al Legislativo se dio en seis días, tras que el requerimiento fuera remitido por el Ministerio Público el viernes 20 de agosto; el lunes ingresó por plataforma a la Sala Penal, que emitió su informe el 24 y puso a conocimiento de Sala Plena, que ayer, jueves, en sesión extraordinaria, determinó remitir el pliego acusatorio al Parlamento.
El presidente del TSJ, Ricardo Torres, informó que la Sala Plena tomó conocimiento del requerimiento acusatorio y el informe de Sala Penal con relación a Áñez por los hechos de Senkata y Sacaba.
En paralelo, y mientras su salud se deteriora, sus abogados enviaron una nota a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para solicitar “medidas cautelares”, que es un mecanismo de protección para personas que se encuentran en riesgo de sufrir daños.
“Se ha dispuesto la remisión a la ALP del requerimiento acusatorio y el informe de Sala Penal, esto con los fines de que la ALP pueda pronunciarse y autorizar o no el juicio de responsabilidades a la ciudadana Jeanine Añez”, anunció ayer el presidente del TSJ, Ricardo Torres.
Informó que es la cuarta proposición acusatoria enviada a la ALP en contra de Añez. Las anteriores tienen que ver con los casos Fondo Monetario Internacional (FMI), ampliación de contrato con Fundempresa y vulneración del derecho a la libertad de expresión durante la pandemia. Contra Añez pesan también tres procesos penales, dos por el supuesto “golpe de Estado” y uno por designación ilegal en la Empresa Boliviana de Alimentos y derivados (EBA).
En la última acusación, la Fiscalía responsabilizó a Añez por los cargos de genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte, por los 20 muertos y heridos en Sacaba y Senkata. La tipificación de “genocidio” va contra los criterios y recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), mientras que Human Rights Watch (HRW) la calificó como un “disparate” .
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, dijo que con la nueva proposición contra Añez suman 22 los requerimientos de juicios de responsabilidades pendientes en el Legislativo.
“Primero los 21 pendientes tienen que agotarse. En todo caso la Comisión (Mixta de Justicia Plural) está trabajando en ello, y esperemos que esto ya esté con una clara figura hasta mediados de septiembre y de manera inmediata pueda procederse lo último (el caso Senkata y Sacaba)”, explicó Rodríguez.
Luis Guillén, abogado de Añez, explicó que acudieron a la Corte IDH porque su defendida no recibe atención médica adecuada; además que sufre “amenazas, hostigamiento y agresiones en contra de su vida e integridad”. Dijo que su objetivo es que pueda defenderse en libertad.
El resultado de una evaluación psiquiátrica a la que Añez se sometió el 23 de agosto da cuenta que requiere internación hospitalaria, ya que padece trastorno depresivo mayor con ideación suicida, síndrome conversivo y disociativo, probable síndrome depresivo post-AVC, hipertensión arterial sistémica, gastritis crónica y probable polineuropatía periférica . “(Ella sufre) pensamiento concreto con ideación suicida franca, convencida de que su muerte es una solución”, refiere parte del informe elaborado por el psiquiatra Fernando Garitano Zabala, documento que fue difundido por Unitel.
La diputada Pamela Alurralde, de Comunidad Ciudadana e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, visitó ayer a Añez en la cárcel y luego de ello informó se encuentra “deprimida, en situación de salud precaria” y que no quiso recibir a los diputados de la bancada del Movimiento Al Socialismo de la misma comisión.