La Provincia de Salta, a través de su representante de Relaciones Internacionales, se ha dirigido por escrito a la Cancillería argentina para que «realice las gestiones necesarias ante el Estado Plurinacional Bolivia» a fin de protestar formalmente por el abandono del ciudadano argentino Alejandro Benítez.
Como es sabido, Benítez, docente residente en la ciudad salteña de General Mosconi, falleció tras serle negada la asistencia médica en territorio boliviano después de haber sufrido un accidente de circulación cuando se desplazaba en su moto por carreteras cercanas a la ciudad de Cochabamba.
La queja argentina, solicitada por Salta, está basada en el incumplimiento por parte de las autoridades bolivianas del tratado bilateral de asistencia médica.
El documento salteño ha sido presentado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación con la firma de Julio Argentino San Millán, representante de Relaciones Internacionales del gobierno provincial.
En su texto se denuncia la «omisión flagrante» de los compromisos internacionales asumidos por Bolivia en materia de Salud. Entre las normas infringidas se cita a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el protocolo adicional a la CADH en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y, especialmente las normas contenidas en el Convenio de Asistencia Recíproca de fecha 19 de Julio de 2019.
Salta subraya que en este último instrumento los Estados signatarios se comprometen 'la reciprocidad en materia de asistencia médica en casos de urgencia y emergencias que afecten a ciudadanos de una de las naciones que se encuentren en el territorio de la otra, independientemente de su status migratorio'.
El documento firmado por San Millán habla también de poner en marcha «actuaciones criminales, civiles, administrativas y políticas para el deslinde y condena de los funcionarios y personas intervinientes en el hecho» y denuncia la «responsabilidad subsidiaria pertinente» del Estado boliviano por la actuación (en este caso, la omisión) de sus agentes y funcionarios dependientes.
