LA PAZ – COCHABAMBA.- 10 de junio de 2026 – BoliviaPrensa.com - Bolivia vive un escenario de polarización creciente, como nunca se vio en la historia politica, bloqueos, marchas, violencia, disturbios, enfrentamientos y sabotajes, pero sin ningun objetivo de reinvindicacion social o economica, solamente se ve actitudes de toma del Poder como consigna derrocar al presidente Rodrigo Paz.
Más de 40 días de movilizaciones, bloqueos en carreteras principales, enfrentamientos esporádicos y actos de sabotaje mantienen a Bolivia en una situación de alta inestabilidad.
Lo que comenzó como reclamos sectoriales por mejoras salariales y condiciones de vida ha evolucionado hacia un conflicto con múltiples aristas, donde la pregunta central es: ¿se busca solo la renuncia del presidente Rodrigo Paz o existen objetivos más amplios en juego?.
La situación actual no se reduce a una simple lucha por sacar a un presidente del poder. Es el resultado de años de polarización política, diferencias profundas sobre el modelo económico y social del país, y la disputa por la hegemonía entre los sectores que lideraron el Estado durante casi dos décadas y los que llegaron al poder en noviembre de 2025.
Mientras tanto, la población sigue siendo la principal afectada: con carreteras cortadas, precios en alza y una incertidumbre que frena la inversión y el desarrollo.
El desafío inmediato pasa por restablecer el diálogo, garantizar el respeto a los derechos de todos y evitar que la tensión derive en enfrentamientos mayores.
Según el análisis de actores y hechos recientes, la respuesta no es única. La protesta aglutina demandas legítimas de sectores populares con una fuerte disputa por el poder político, en un contexto marcado además por expectativas sobre decisiones judiciales en Estados Unidos que podrían afectar a figuras clave del país.
¿QUÉ SE RECLAMA Y QUIÉNES SON LOS PROTAGONISTAS?
Las movilizaciones iniciaron el pasado 1 de mayo con peticiones concretas: aumento salarial para trabajadores de la educación, salud y el sector público, control de precios de combustibles y alimentos, y rechazo a la Ley 1720, que introduce reformas en materia de tierras e inversión privada. Sin embargo, con el paso de las semanas, la agenda se amplió.
Organizaciones afines al expresidente Evo Morales —entre ellas federaciones de cocaleros, los Ponchos Rojos y sectores duros del Movimiento al Socialismo (MAS)— han elevado el tono: exigen explícitamente la renuncia del presidente Paz y la convocatoria a nuevas elecciones.
Para estos grupos, el actual gobierno representa un retroceso frente al modelo del Estado Plurinacional y actúa en contra de los intereses de los sectores populares.
Por su parte, la Central Obrera Boliviana (COB) y otros gremios también han sumado su voz crítica, aunque mantienen matices: si bien cuestionan la gestión del Ejecutivo, no todos sus sectores coinciden en que la salida inmediata sea la única solución.
¿ES UN INTENTO DE DERROCAMIENTO O PRESIÓN POLÍTICA?
Desde el gobierno y sectores afines a la administración, se acusa que detrás de las protestas existe una estrategia organizada para desestabilizar el país y forzar la salida del presidente.
Se señala que los bloqueos —que afectan el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles, generando pérdidas millonarias en la economía— son una herramienta de desgaste utilizada históricamente en Bolivia para imponer decisiones por la vía de los hechos.
No obstante, analistas coinciden en que no se trata de un golpe de Estado tradicional: no hay movilización militar ni intención de tomar el poder por la fuerza. Se trata más bien de una estrategia de presión extrema, donde la paralización de actividades busca obligar al gobierno a negociar o a renunciar.
A esto se suma la aparición de actos de violencia y sabotaje a servicios básicos, que ocurren principalmente en puntos de conflicto y han generado el rechazo de amplios sectores de la población —comerciantes, transportistas y vecinos que han organizado marchas para exigir la libre circulación y el retorno a la normalidad.
EL FACTOR JUDICIAL: UNA SOMBRA QUE SE CRUZA CON LA CRISIS
Como ha informado este medio, el gobierno boliviano ha manifestado estar atento a decisiones que podrían darse en los próximos días en tribunales de estados unidos, en el marco de procesos contra exaltos mandos de la lucha antidrogas.
El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, indicó que el Estado buscará acceder a información que permita establecer responsabilidades, presentándose como parte víctima en dichos juicios.
En este contexto, el gobierno vincula la desestabilización actual con la intención de evitar que esa información salga a la luz. Por el contrario, el entorno de Evo Morales rechaza cualquier vinculación con casos de narcotráfico o lavado de activos, calificando las acusaciones como una “guerra judicial” diseñada para inhabilitarlo políticamente.
Hasta la fecha, no existe ninguna acusación formal ni cargos presentados directamente contra el expresidente por parte de la justicia estadounidense. Lo que se espera son decisiones procesales, testimonios o documentos que podrían aportar elementos a las investigaciones que se siguen en Bolivia. (boliviaprensa.com – FAUSTO COLPARI EXPERTO EN COMUNICACION POLITICA) (foto RR.SS))
