Un periodista fue secuestrado, torturado y mutilado en la madrugada del pasado jueves en la ciudad de El Alto, la segunda más poblada de Bolivia, en un ataque que los principales gremios de prensa del país califican como un intento de asesinato premeditado para silenciar su labor informativa.
Los agresores le cortaron la lengua con un arma cortopunzante y le profirieron amenazas explícitas sobre su profesión mientras lo retenían en un terreno baldío, según denunciaron este domingo la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb).
La víctima, identificada como F. Jesús Z.S., fue interceptada cuando regresaba a su domicilio tras hacer la cobertura de un acto de campaña por las elecciones regionales previstas para el 22 de marzo de 2026.
Según el comunicado de los gremios, el informador fue reducido violentamente e introducido a la fuerza en un vehículo, para ser trasladado aproximadamente 15 kilómetros hasta un terreno baldío donde fue torturado. Los atacantes le dijeron frases como “Ahora sí, periodista de mierda te vas a morir… ahora vas a hablar, vamos a ver si puedes”, evidenciando que conocían su profesión y que el ataque buscaba amedrentar su trabajo.
El médico que atendió al periodista en el Hospital Corea de El Alto determinó que las lesiones no fueron accidentales sino cortes finos provocados de manera intencional.
La víctima recibió el alta médica tras una intervención quirúrgica y el sábado formalizó su denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), sometiendo su caso también a valoración del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
La ANPB y la Cstpb advirtieron que este suceso no puede interpretarse como un simple hecho de inseguridad ciudadana. Las amenazas directas contra el periodista, la violencia extrema ejercida y el robo de sus herramientas de trabajo evidencian un acto premeditado cuyo objetivo fue silenciar su labor periodística, según afirmaron las organizaciones.
El ataque se inscribe en un contexto persistente de violencia alimentado por la impunidad, agregaron, señalando que la falta de garantías para investigar con celeridad e independencia y la ausencia de sanciones en casos anteriores han generado un escenario que alienta nuevas agresiones.
El Gobierno de Bolivia condenó el ataque. El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, manifestó su profunda preocupación y enérgica condena por el grave atentado, calificándolo como una terrible agresión contra el trabajo periodístico y una amenaza directa contra la libertad de prensa y expresión.
El ministerio expresó su compromiso de garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico y consideró inaceptable cualquier acto que busque intimidar o silenciar a los periodistas.
Se informó además que se instruyó a las instancias competentes coadyuvar con las investigaciones hasta identificar a los responsables.
“No permitiremos que este atroz suceso quede en la impunidad”, indicó el ministerio, expresando solidaridad con la víctima, su familia y los gremios de prensa.
El ataque ocurre en un año electoral especialmente tenso para el periodismo boliviano. Las elecciones subnacionales de 2026 renovarán más de 5.000 cargos públicos en nueve departamentos del país, en un clima político marcado por la fractura del Movimiento al Socialismo (MAS) y el ascenso de nuevas fuerzas políticas tras la victoria de Rodrigo Paz Pereira en las presidenciales de 2025.
Durante 2024, la ANPB documentó 182 vulneraciones a la libertad de prensa en Bolivia, incluyendo agresiones físicas, despojo de equipos, hostigamiento, amenazas y judicialización del trabajo periodístico. El escenario político fue el terreno más hostil para el ejercicio del periodismo, según el reporte del gremio.
Bolivia ocupa el puesto 124 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024 de Reporteros sin Fronteras, reflejando un deterioro significativo en el entorno de trabajo para los medios de comunicación.
Entre 2022 y 2024, la libertad de prensa se convirtió en el segundo derecho más vulnerado en el país con 495 registros, solo por detrás de la afectación a la institucionalidad democrática, según datos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas.
Los gremios exigieron una investigación inmediata, exhaustiva e independiente que identifique y sancione a los autores materiales e intelectuales del ataque, así como garantías de protección efectivas para el periodista y su familia.
