La Paz, 5 de noviembre de 2025 - Bolivia se encuentra inmersa en una de sus crisis económicas y energéticas más profundas en décadas, un escenario que marca el fin de la gestión del presidente Luis Arce Catacora y plantea un desafío monumental para el mandatario entrante, Rodrigo Paz Pereira, cuya investidura está prevista para el 8 de noviembre.
El país enfrenta una tormenta perfecta: escasez crítica de combustibles, alta inflación y contracción económica, síntomas de un modelo que ha agotado sus recursos.
En las principales ciudades bolivianas, la imagen recurrente son las kilométricas filas de vehículos en los surtidores, una manifestación palpable de la severa escasez de gasolina y diésel.
Esta crisis de abastecimiento, que afecta directamente al transporte y la producción agrícola, ha llevado a sectores productivos a declarar el estado de emergencia, advirtiendo sobre riesgos para la soberanía alimentaria.
La falta de combustible es consecuencia directa de la incapacidad del gobierno de Arce para satisfacer la demanda de importaciones, exacerbada por la disminución drástica de la producción nacional de hidrocarburos —la producción de líquidos cayó un 62% entre 2014 y 2025— y la falta de divisas (dólares) para pagar a los proveedores internacionales.
La percepción generalizada, como la expresada por el usuario, es que la gestión de Arce ha sido un "fracaso" en el ámbito económico. Los datos respaldan esta visión crítica: la economía boliviana se contrajo un 2,4% en el primer semestre de 2025 y se proyecta una recesión para fin de año, según organismos internacionales como el Banco Mundial. La inflación se ha disparado, alcanzando cifras cercanas al 25% anual en julio, la más alta en casi dos décadas, con aumentos aún mayores en los precios de los alimentos.
Analistas señalan que la crisis actual es el resultado de la falta de inversión en exploración de hidrocarburos durante años y el mantenimiento de un modelo económico que dependía de la renta gasífera, ahora en declive. La polarización política y los bloqueos internos también han contribuido al deterioro del clima de negocios y a la contracción económica.
El próximo presidente, Rodrigo Paz Pereira, asumirá el mando en un contexto de alta complejidad. Los desafíos son inmensos: garantizar la provisión de combustible, estabilizar la economía, controlar la inflación y recuperar las menguantes reservas internacionales.
Paz ha asegurado que ya ha tomado medidas para garantizar la llegada de combustible, incluso antes de su posesión, aunque los detalles logísticos siguen pendientes. No obstante, las soluciones de fondo requieren medidas estructurales y complejas. Expertos advierten que sin nuevas fuentes de energía propias y sin reformas estructurales, la crisis energética no tendrá una solución sostenible a largo plazo. El nuevo gobierno deberá lidiar con decisiones difíciles, como la revisión de la política de subvenciones a los combustibles, que representa un gasto semanal millonario para el Estado, sin desencadenar un estallido social.
La posibilidad de que el próximo gobierno solucione la crisis dependerá en gran medida de su capacidad para generar gobernanza, atraer inversión privada al sector energético (actualmente limitada por la Constitución) y obtener financiamiento externo para cubrir las necesidades urgentes de importación. El tiempo apremia y la población espera acciones concretas e inmediatas.(FAUSTO COLPARI)
