Jueves, 22 Febrero 2024
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Alcaldes de Bolivia activarán instrumentos de lucha social en demanda del presupuesto reformulado

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La Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) mantiene el estado de emergencia y convocó a una reunión del sistema asociativo municipal para activar los instrumentos de lucha social ante la no aprobación y rechazo del presupuesto reformulado en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Nosotros continuamos en estado de emergencia y a través del sistema asociativo vamos a tomar determinaciones respecto al tema, en el marco de los derechos que nos asisten. El pueblo hoy más que nunca necesita recursos para afrontar las emergencias por sequía e incendios forestales”, afirmó el vicepresidente de la Amdecruz, Pedro Damián Dorado.

La autoridad cuestionó el rechazo del proyecto de ley sobre el Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2023 por legisladores de Comunidad Ciudadana, Creemos y la facción “evista” del MAS, que le dieron “la espalda” al pueblo y al desarrollo de los municipios.

“Como sistema asociativo vamos a continuar en la línea de lucha para lograr ese derecho. Vamos a sostener una reunión a nivel de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y determinaremos las acciones a seguir junto con las organizaciones sociales”, reiteró.

Por su parte, el director ejecutivo de la FAM - Bolivia, Rodrigo Puerta, lamentó la postura asumida por parlamentarios de oposición y del ala radical del MAS al rechazar el presupuesto en un momento “tan complicado” para los gobiernos municipales.

“Los gobiernos municipales tenemos muy pocas posibilidades de ejecutar esos recursos en este año. No se están dando cuenta de la magnitud del daño que están causando esos asambleístas”, reclamó.

De acuerdo con el Proyecto de Ley del PGE reformulado, se adicionan recursos y gastos para las entidades del sector público por un total agregado de Bs 6.455.173.440 y un presupuesto consolidado de Bs 5.421.775.252; de ese monto, se destinará Bs 868 millones a los gobiernos municipales, Bs 353 millones a las universidades públicas y Bs 39 millones a las gobernaciones.

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