Al menos 10 sectores han ratificado el paro de este 11 de octubre en rechazo a la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y se prevén movilizaciones en las nueve ciudades capitales y El Alto. El Gobierno, por su parte, activó varias medidas de contención para debilitar la medida de presión a tiempo de señalar que se trata de una medida política.

Esta pugna se mezcla con las celebraciones por los 39 años de la recuperación de la democracia, que se recuerda hoy, y que es vista como un escenario para medir fuerzas. El martes, el MAS realizará movilizaciones en defensa del Gobierno.

Gremiales, el transporte de algunas ciudades, Colegio Médico de Bolivia, el Comité de Defensa de la Democracia (Conade), Comités Cívicos de Santa Cruz, Potosí, Cochabamba, Beni y Tarija; las alcaldías de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, la Gobernación cruceña, plataformas ciudadanas y organizaciones políticas confirmaron la medida de presión contra la ley, que —consideran— vulnera derechos de los bolivianos porque permitirá al Gobierno investigar bienes a sola sospecha.

Sin embargo, la medida de presión es resistida por otros sectores, como el transporte en Cochabamba y La Paz, además de campesinos, interculturales, la Central Obrera Boliviana (COB) y las alcaldías y gobernaciones afines al MAS, como Oruro y Sucre, y las universidades estatales, que anunciaron que no acatarán esa medida de presión.

Ayer, los gremiales ratificaron la medida de presión. “Somos más de dos millones de sectores gremiales, todos vamos a estar movilizados para frenar esta ley que pretende perjudicar a todos los sectores productivos, nosotros vamos a estar en las calles y vamos a pedir a todos los sectores que se acoplen a esta movilización”, dijo el máximo dirigente de los gremiales, Francisco Figueroa, en La Paz.

Desde Santa Cruz, el presidente cívico Rómulo Calvo aseveró que “el paro es por una Bolivia diferente. Sólo basta con mirar los medios y ver las leyes que están aprobando cada día. El paro es por una Bolivia democrática y de respeto, los cruceños y los bolivianos hemos demostrado educación y tolerancia, es una virtud”.

“El 10 de octubre se recuerda 39 años de haber recuperado la democracia que se encuentra pendiendo de un hilo, porque tenemos un Gobierno que está haciendo leyes atentatorias”, dijo Calvo.

El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, expresó su apoyo al paro y pidió respaldo de la población.

“CC lo sabe muy bien, y lo sabe porque la ley contra las ganancias ilícitas que pretende aprobar el MAS aprobada en diputados, nos opusimos radicalmente porque a título de una buena causa lo que se trata es generar un Estado policiaco”, indicó.

El político indicó que este domingo se recordarán 39 años de la democracia y se efectuará una concentración en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdhb).

El alcalde de La Paz, Iván Arias, ratificó este sábado que la sede de gobierno se sumará al paro cívico nacional del lunes en contra de la persecución política y el paquete de leyes entre ellas la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícita que en su criterio “parece bonita” pero es “maldita” porque vulnera los derechos y libertades democráticas, y propuso al Gobierno “archivarla”.

El canciller Rogelio Mayta sostuvo este sábado que el paro del 11 de octubre próximo, convocado por cívicos y gremiales, busca “impunidad” para los responsables del supuesto golpe de Estado y también desestabilizar al Gobierno de Luis Arce.

“No nos extraña que estén haciendo este paro, porque tiene dos objetivos: por un lado, impunidad, en ese paro que están promoviendo no hay una reivindicación social; por otro lado, buscan desestabilizar”, aseveró.

En tanto, el Ejecutivo comenzó a activar medidas para contener el paro. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó que esa institución garantizará la prestación normal de servicios de telecomunicaciones y transporte para el 11 de octubre.

El Ministerio de Trabajo también emitió un comunicado señalando que las actividades el día lunes son normales y que los trabajadores que no asistan a sus fuentes laborales serán sancionados.

Además, el Ministerio de Gobierno informó que no permitirá desmanes ni violencia y que movilizará a la Policía para controlar.

En Cochabamba, el concejal Joel Flores (MAS) denunció que el alcalde Manfred Reyes Villa está obligando a los funcionarios a acatar el paro. La Alcaldía aseveró que decidió cerrar sus puertas el lunes por pedido de los trabajadores y sindicatos.

El vicepresidente, David Choquehuanca, afirmó que la oposición sólo busca impunidad.