COCHABAMBA, Bolivia. — En 1971, la Asamblea Popular, instalada en el marco del Cuarto Congreso de la Central Obrera Boliviana (COB), marcó un hito en la historia política del país al plantear un cambio profundo en el modelo económico y social. Obreros, campesinos y sectores populares exigieron entonces la recuperación de las minas y su control directo por los trabajadores, como símbolo de soberanía nacional y justicia social.

Las resoluciones de aquella histórica asamblea arremetieron contra la burguesía boliviana y el capital extranjero, señalados como responsables del saqueo de los recursos naturales y de la dependencia económica.

Los mineros, vanguardia del movimiento obrero, soñaban con una Bolivia libre del dominio de las transnacionales y con un Estado al servicio del pueblo.

Sin embargo, más de medio siglo después, la realidad muestra un panorama opuesto. La mayor parte de las minas con minerales raros y estratégicos —litio, oro, tierras raras y zinc— están hoy bajo el control de empresas transnacionales, que extraen la riqueza del subsuelo boliviano con mínima participación del país en los beneficios.

Expertos señalan que esta situación reproduce el mismo modelo de dependencia denunciado en 1971, donde las decisiones sobre los recursos naturales se toman fuera del territorio nacional.

“Se ha retrocedido en soberanía económica, y lo más grave es que los trabajadores ya no son parte del control productivo”, afirman dirigentes del sector minero.

La Asamblea Popular de 1971 no solo fue un hecho político, sino un grito histórico de independencia y dignidad nacional, hoy más vigente que nunca frente a la creciente presencia del capital extranjero en el corazón minero de Bolivia.