La Paz- La opinión pública boliviana, en particular desde las propias comunidades rurales, ha intensificado el cuestionamiento sobre el rol, financiamiento y acciones de algunos dirigentes sindicales campesinos.

El debate se centra en la aparente contradicción entre la persistente pobreza y abandono del campo y la visible actividad política y económica de sus líderes.

Una de las interrogantes más recurrentes es el origen de los recursos que sostienen la "permanente actividad política" de los "capos del sindicalismo" que, a menudo, no tienen un empleo fijo o productivo conocido.

Históricamente, las organizaciones campesinas han recibido apoyo de diversas fuentes, incluyendo aportes de sus afiliados (cuotas sindicales, a veces porcentajes de sueldos de miembros con cargos públicos), fondos estatales (a través de programas o instituciones de desarrollo, como el Fondo de Desarrollo Indígena), e incluso, en el pasado, cooperación internacional. Sin embargo, la opacidad y la falta de fiscalización en el manejo de estos recursos genera legítimas sospechas sobre un posible uso para fines ajenos a los intereses de las bases.

La estrecha relación de varias cúpulas sindicales con el partido de gobierno les ha otorgado influencia y acceso a recursos públicos, incluyendo cargos por designación, lo que alimenta la percepción de que la dirigencia prioriza la lealtad política sobre la labor en beneficio de las comunidades.

El testimonio de que el sindicalismo estaría utilizando su estructura para "reprimir a los humildes campesinos" mediante castigos como quitar el agua o aplicar multas a quienes no asisten a marchas o bloqueos, es una grave denuncia que expone la degeneración de la protesta social en un sistema de coerción interna.

Esta práctica de obligar a la participación, bajo amenaza de sanción económica o la privación de servicios esenciales (como el acceso a la infraestructura de riego), transforma el derecho a la protesta en una obligación dictatorial que vulnera los derechos individuales de los afiliados.

¿Son Legales las Sanciones Sindicales por No Asistir a Marchas?..La respuesta concisa es: No, las represalias que vulneran derechos fundamentales son ilegales.