El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, afirmó que la orden de aprehensión en contra del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, se encuentra “fundamentada” y aguarda que la Policía lo pueda ejecutar.

El proceso que se sigue contra el titular de la estatal petrolera es por el delito de contrabando agravado en la exportación de gas. Fue activado por dos exfuncionarios de la Aduana Nacional de Yacuiba, Tarija.

Mariaca informó que la orden de aprehensión contra Dorgathen fue entregada la pasada jornada a la Policía en los departamentos de Santa Cruz y Tarija y otras unidades de la institución del orden.

El objetivo de la orden de aprehensión es para que pueda brindar su declaración informativa por el proceso que tiene ante la justicia.

“Es la obligación del Ministerio Público de llevar adelante cualquier investigación y mucho más aún cuando se habla de un supuesto daño económico al Estado, mucho más aún cuando se habla de una institución tan grande como lo es YPFB”, añadió.

YPFB defendió la legalidad de la exportación de gas a Brasil por Yacuiba por una suma de $us 14,4 millones y negó que se hubiera cometido irregularidades como señala la denuncia de los exfuncionarios.

Para la presidenta de la Aduana, Karina Serrudo, el caso pudo ser una posible “venganza” de los exfuncionarios porque habrían sido despedidos.

La ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra se enfrenta a una creciente escasez de diésel y gasolina, lo que provoca largas colas en las gasolineras, especialmente camiones que aguardan hasta cinco días para repostar.

Además, sectores productivos como el transporte y la agroindustria han declarado el estado de emergencia, advirtiendo que la “insostenible” crisis amenaza con paralizar actividades clave y llevar a la quiebra a las empresas.

El sector agrícola por sí solo requiere 50 millones de litros de diésel en octubre y 150 millones para fines de año para mantener la producción.

El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, atribuyó la caída en los envíos de combustible (70%) a la falta de dólares estadounidenses, dado que Bolivia importa casi el 90% de su diésel y el 56% de su gasolina.

El director de la petrolera estatal también fue objeto de una orden de captura en su contra basada en una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Aduanas por presunto contrabando agravado de combustible, que supuestamente perjudica los recursos del Estado.

En una conferencia de prensa conjunta, YPFB afirmó que las exportaciones investigadas eran legales, se realizaban bajo las “facultades” y el “control” de los organismos reguladores y que el Estado había recibido US$14,4 millones.

La titular de la Dirección General de Aduanas, Karina Serrudo, señaló que la denuncia fue presentada el 6 de octubre por exempleados que habían sido despedidos y enfrentaban un proceso judicial.

Serrudo calificó la maniobra como “represalia” y señaló que un Decreto Supremo respaldaba la transacción.

Bolivia ha enfrentado una escasez de combustible cada vez más prolongada en los últimos dos años debido a las graves dificultades para conseguir dólares para las importaciones de combustibles subsidiados.

Dorgathen anunció que los suministros actuales solo cubrirán entre el 70% y el 80% de la demanda y que los US$56 millones semanales presupuestados para las importaciones son insuficientes para satisfacer los requerimientos, que estimó en US$60 millones.

También culpó a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que no aprobó préstamos internacionales que garantizarían los dólares necesarios y asegurar la provisión de combustible.