El gobierno de Bolivia comunicó que esta gestionando la salida inmediata de extranjeros identificados como participantes en las protestas que exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en un contexto de crisis social, política y humanitaria que se agravó en las últimas semanas.

El gobierno, a través del canciller Fernando Aramayo, sostuvo que varias personas ingresaron con visa de turista y luego realizaron acciones de injerencia en la política nacional.

“Esta es la prueba más clara de que este es un proceso de desestabilización de nuestra democracia. ¿Qué tendría que hacer un funcionario extranjero azuzando a nuestra población y queriendo atizar aún más un escenario de polarización?”, declaró Aramayo.

Las autoridades bolivianas solicitaron la expulsión de esos activistas al considerar que su presencia constituía una prueba de un proceso de desestabilización de la democracia mediante injerencia externa. El Ejecutivo afirmó que la intervención de actores extranjeros atentó contra la soberanía y dañó la política interna.

“¿Cuál es la intención de dar espacio y cabida a estos actores extranjeros que están viniendo a dañar nuestra democracia? Hablamos tanto de soberanía y les estamos dando palestra para que vengan y dañen nuestra soberanía y nuestra política interior”, agregó.

El Ejecutivo cuestionó la participación de figuras extranjeras en asambleas sindicales y reuniones de protesta, y puso como ejemplo la presencia del político argentino Sebastián Copello, del Partido Obrero - Frente de Izquierda, en la Central Obrera Boliviana (COB), que rechazó el diálogo con el Gobierno y mantuvo la exigencia de dimisión de Paz.

También mencionó el caso de la argentina Mercedes Trimarchi, vinculada a Izquierda Socialista, quien participó en un mitin en El Alto y luego abandonó el país tras reclamos oficiales.

Las protestas y bloqueos de caminos, encabezados por sectores campesinos, la COB y seguidores del expresidente Evo Morales, se extendieron a siete de las nueve regiones del país. Los manifestantes exigieron como única demanda la renuncia del presidente Paz.

La medida ocasionó escasez de combustibles, alimentos y medicinas, especialmente en La Paz y El Alto, que quedaron aisladas durante más de un mes.

La situación en La Paz se volvió crítica. Las autoridades locales declararon la emergencia sanitaria y humanitaria por 90 días debido al desabastecimiento de suministros médicos. Los hospitales resolvieron priorizar las cirugías de emergencia porque el oxígeno medicinal solo alcanzaría para dos o tres días.

Decenas de intervenciones quirúrgicas se reprogramaron y algunos pacientes no lograron llegar a los centros de salud por los cortes de ruta. La Defensoría del Pueblo registró siete fallecidos, además de 23 heridos y 321 detenidos; la mayoría de las muertes se atribuyó a la falta de atención médica derivada de los bloqueos.

El impacto de las protestas también se reflejó en el abastecimiento de alimentos y combustibles, con pérdidas económicas estimadas en 2.000 millones de dólares.