LLALLAGUA, Potosí – La reciente ola de violencia que ha dejado como saldo la muerte de varios efectivos policiales ha encendido las alarmas sobre una cruda realidad que durante años fue ignorada o deliberadamente ocultada: la presencia creciente del narcotráfico en el norte de Potosí.
En pleno siglo XXI, el narcotráfico gana terreno en zonas hasta ahora poco visibilizadas. Llallagua, en el norte de Potosí, se convierte en centro de atención por hechos violentos, cultivos ilegales y la sospechosa inacción de organismos de seguridad.
Llallagua, históricamente conocido como un municipio minero, hoy aparece en las investigaciones como un posible fortín de actividades ilegales vinculadas al tráfico de drogas.
Las investigaciones policiales tras los hechos luctuosos revelaron la existencia de cultivos extensivos de marihuana en comunidades rurales, una información que sorprendió a la opinión pública y cuestiona la eficiencia y compromiso de los organismos de seguridad del Estado.
¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI no se detectaran a tiempo estos cultivos ilícitos? ¿Por qué no hubo operativos previos? ¿A quién beneficiaba el silencio?
El caso más dramático ocurrió a finales de mayo de 2025, cuando tres policías fueron asesinados a sangre fría mientras realizaban labores de patrullaje e investigación en una zona presuntamente controlada por grupos criminales. La emboscada fue brutal.
El ataque armado no solo mostró la capacidad logística de los delincuentes, sino también la fragilidad del Estado en territorios donde la ley ha sido reemplazada por la ley del miedo.
Fuentes locales relatan que las amenazas, extorsiones y presencia de personas armadas no eran hechos aislados. Vecinos temerosos denuncian que varios caminos secundarios eran utilizados para el transporte de droga y que incluso algunos funcionarios municipales y dirigentes habrían sido presionados —o cooptados— por redes criminales.
A pesar de las denuncias, la presencia del Estado ha sido débil, intermitente y, en algunos casos, cómplice por omisión. La inacción de las autoridades locales y nacionales, sumada a un sistema judicial debilitado, permitió que el narcotráfico eche raíces en regiones como Llallagua.
Lo más preocupante es que este no es un caso aislado: la expansión de los cultivos ilegales y de rutas del narcotráfico en regiones no tradicionales se ha convertido en una nueva dinámica del crimen organizado en Bolivia.
En lugar de una acción contundente, lo que se ha observado es una sospechosa falta de transparencia, contradicciones en las versiones oficiales y escasos resultados en las investigaciones posteriores a la muerte de los uniformados.
Este panorama abre una discusión urgente: Bolivia no puede seguir negando ni minimizando la expansión del narcotráfico más allá del Chapare. La muerte de los policías en Llallagua no puede quedar impune ni ser tratada como un hecho aislado.
Es hora de exigir una reestructuración real en las fuerzas del orden, una depuración profunda en los mandos intermedios y una voluntad política sincera para enfrentar a las mafias que están socavando las bases mismas de la seguridad nacional.
Mientras tanto, en Llallagua, los pobladores viven con miedo y desconfianza. La memoria de los policías caídos exige justicia, y el país entero necesita respuestas claras y acciones firmes.