La muerte de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena y único encarcelado por el millonario desfalco que justamente él denunció, ha generado una ola de críticas en Bolivia contra el sistema judicial. Tenía 257 procesos y 26 detenciones preventivas, según su abogado, Héctor Castellón.

Desde Sucre, abogados como el exmagistrado Marco Antonio Baldivieso y el exparlamentario y exalcalde Germán Gutiérrez precisaron que, tarde o temprano, deberá enjuiciarse a los responsables.

“Los primeros que deben ser procesados son el expresidente Evo Morales, el actual presidente y sus ministros en un juicio de responsabilidades, que posiblemente no sea el día de hoy, y acto seguido, un juicio, un proceso penal en contra de jueces y fiscales” por este “asesinato”, remarcó Chunka Gutiérrez.

También, desde la capital, los parlamentarios Marcelo Pedrazas y Santiago Ticona lamentaron el fallecimiento de quien permaneció encarcelado pese a su delicado estado de salud. Criticaron que exautoridades del MAS estén libres pese a las denuncias en su contra.

“Hay una responsabilidad de la oligarquía del MAS, de Evo Morales y de la justicia corrupta que protege a todos estos delincuentes (…) No es este un caso aislado”, reclamó Pedrazas preguntando también qué hizo el fiscal general, Juan Lanchipa.

También en un contacto con Correo del Sur Radio, el portavoz del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, lamentó que “todos quedan liberados de pena y culpa” en el desfalco, incluyendo a exdirigentes de organizaciones indígena campesinas que forman parte del actual Gobierno.

"Hay aquí fiscales y jueces que tienen responsabilidad (...) Hubo una estrategia del señor Evo Morales para que no esté involucrado él de manera directa ni sus principales ministros (...) ¿Qué ha pasado con el Fondo Indígena? ¿Cuántas de las personas involucradas han sido verdaderamente detenidas, o han sido procesadas o finalmente han sido sentenciadas?", cuestionó al recordar que Aramayo denunció que su superiora, Nemesia Achacollo, fue quien instruyó realizar desembolsos a cuentas particulares. 

El exalcalde paceño y abogado Juan del Granado, parte del grupo de notables que impulsa la reforma judicial, denunció la muerte de Aramayo "en manos de una justicia infame sometida al poder político, que encarcela a inocentes y deja impunes a poderosos".    "Basta ya!Impulsemos la Reforma para acabar con los asesinatos judiciales y garantizar la vida, la libertad y la dignidad de todos!! (sic)", escribió en Twitter.

En el plano internacional, el investigador principal de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, César Muñoz, puso en duda que se fueran a investigar las presuntas vulneraciones al debido proceso y apuntó a la falta de una justicia independiente.

En redes sociales, expresidentes y otros líderes políticos cuestionaron a la justicia por lo sucedido, voces a las que se sumó el ministro Iván Lima con su propios matices.

El ministro Lima dice que “la justicia no ha sido humana” en el caso de Aramayo

El Gobierno dice que Régimen Penitenciario "no escatimó esfuerzos" para salvar la vida de Aramayo, pero su abogado, Héctor Castellón, reclamó que no le dieron ni una aspirina y pusieron trabas a su salida.