El Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) publicó este martes el informe sobre los Derechos Humanos de 2021. En el capítulo referido a Bolivia señaló que si bien se asumieron medidas para enjuiciar a funcionarios que cometieron abusos, “la aplicación inconsistente e ineficaz de la ley y un poder judicial corrupto condujeron a la impunidad”.

El reporte, que hace un recuento de los procesos legales planteados contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, cuestiona los “abusos y las arbitrariedades” cometidas en 2021 en el marco de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía en este caso. También considera que existen valoraciones de expertos sobre procesos legales políticamente motivados.

“En una entrevista del 23 de marzo (2021), el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que el gobierno inició un proceso penal contra Áñez porque carecía de los votos en la legislatura para autorizar su juicio político. Los expertos legales señalaron que la declaración del ministro sugería que el gobierno estaba más interesado en el encarcelamiento de Ánez que en darle un juicio justo”, señala el reporte.

En ese marco, el texto del Departamento de Estado considera que existe “una presión inusual” del Gobierno sobre los operadores de justicia en este caso y recuerda el precepto constitucional respecto al juzgamiento de mandatarios luego de una autorización de la Asamblea Legislativa. 

“Los grupos de derechos humanos criticaron ampliamente el encarcelamiento de Ánez por parte del Gobierno y su negativa a otorgarle la libertad bajo fianza a pesar de su delicada salud”, apostilla el informe respecto al estado de salud de la expresidenta, incluidos sus problemas de depresión.

La exmandataria fue acusada, en un primer momento, de sedición y terrorismo. Luego se sumó un proceso por incumplimiento de deberes y otros cargos por haber asumido la presidencia sin haber cumplido con los requisitos legales. Este proceso se lleva adelante por la vía ordinaria y ya está en la fase oral.

“Los grupos internacionales de derechos humanos destacaron varios casos potencialmente motivados por razones políticas iniciados por el gobierno que resultaron en arrestos arbitrarios, todos contra opositores al gobierno o miembros del gobierno anterior”, señala el reporte respecto a la situación del país.

Es más, los problemas significativos de derechos humanos en Bolivia incluyeron casos creíbles de: “tortura y casos de trato o castigo cruel, inhumano o degradante por parte de funcionarios del gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales”.

El reporte destaca también “arrestos o detenciones arbitrarias; serios problemas de independencia judicial; restricciones a la libertad de expresión, la prensa y otros medios, incluida la violencia contra periodistas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”.

Señala que en el gobierno del presidente Luis Arce se registraron casos de censura, así como “corrupción gubernamental grave; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia contra la mujer”. También alerta sobre violación de derechos contra miembros de la población LGTB en un contexto marcado por la pandemia de Covid.

El informe global del Departamento de Estado lamentó, en ese marco, que “la mayoría de crímenes quedan sin investigar o se resuelven de manera ineficiente en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, México, Bolivia y Perú”.

En el caso de Bolivia, el Gobierno reconoció la existencia de problemas en la justicia y anticipó un proceso de reforma con participación de varios sectores de la sociedad. Este proceso aún no ha comenzado.