El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó este miércoles que se está coordinando con las Fuerzas Armadas un operativo de intervención en los bloqueos instalados desde hace una semana en rechazo a políticas del Gobierno.

“Se van a intervenir todos los puntos de bloqueo que tenemos en el país”, afirmó Sokol en conferencia de prensa y dijo que las acciones serán “coordinadas” con el Ejército debido, principalmente, a la falta de equipamiento en la Policía.

“Este operativo se está coordinando con las Fuerzas Armadas como una institución de apoyo (…) vamos a recibir apoyo en algunos aspectos que requerimos debido a ciertas falencias que existen en la institución policial, por la falta de atención de los últimos años, en equipamiento principalmente”, señaló.

La madrugada del miércoles se levantó una carretera que conecta la sede de Gobierno con la región de Los Yungas. Según el reporte oficial, los manifestantes se retiraron tras la llegada del contingente policial y no hubo enfrentamientos.

El Gobierno enfrenta desde hace varias semanas una escalada de conflictos que inició con demandas sectoriales, principalmente de maestros, transportistas y campesinos de la región amazónica, y que derivó en pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz por un rechazo general a las políticas de su administración.

Los bloqueos se han concentrado en la región occidental del país, donde la Federación de Campesinos Túpac Katari instaló el 6 de mayo bloqueos “indefinidos” en carreteras de La Paz, a los que se sumó el respaldo de instituciones que históricamente han ejercido presión en la toma de decisiones gubernamentales como la Central Obrera Boliviana (COB), el movimiento indígena Ponchos Rojos y los mineros cooperativistas.

En paralelo, los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) iniciaron el martes una marcha de 190 kilómetros hacia La Paz, en rechazo a la propuesta de modificación parcial de la Constitución Política del Estado que planteó el presidente Paz y para exigir que cesen los procesos judiciales contra su líder.

En el desarrollo de estos conflictos, la información sobre el número de piquetes es contradictoria. Por un lado, la Administradora Boliviana de Carreteras informó el miércoles por la noche que se registraban 21 cortes, mientras que el comandante policial mencionó 70 puntos, concentrados en los departamentos de La Paz y Oruro.

El Gobierno atribuyó a los bloqueos la muerte de dos personas, una turista de Belice que perdió la vida en la localidad de Desaguadero, fronteriza con Perú, y de un comunario de la localidad paceña de Guanay, quienes no habrían podido ser trasladados oportunamente a un centro de salud. “El cierre total de vías y la presencia de grupos agresivos impidieron el auxilio médico oportuno y el traslado de emergencia”, señala un comunicado oficial sobre el fallecimiento de la turista de 56 años.

Ante la persistencia de las protestas, el presidente convocó el martes a los dirigentes y “las bases” de las organizaciones a un diálogo —para el que aún no se fijó fecha— y se han denunciado reiteradamente planes de desestabilización.

Para el dirigente de la COB, Mario Argollo, la conflictividad social que enfrenta el Gobierno es “consecuencia de sus propios errores”. Entrevistado por el canal Unitel, Argollo señaló: “Ha tenido seis meses para solucionar los problemas del país y en vez de que se reconcilie, trabaje con las organizaciones sociales, con los sectores populares del país, se ha peleado”.

Para el analista político Pablo Deheza, los conflictos actuales muestran que las elecciones de 2025 “dejaron un equilibrio político muy frágil” y señala que “los bloques históricos antagónicos —clases señoriales y clases medias urbanas versus organizaciones populares, campesinas e indígenas— están midiendo hasta dónde pueden avanzar sus intereses y reivindicaciones históricas”.