La justicia paceña activó un proceso coactivo fiscal contra el exgobernador del departamento de La Paz, Félix Patzi y otras autoridades, por un presunto daño económico al Estado vinculado al proyecto de construcción y habilitación de la Terminal Aeroportuaria de Ixiamas.

El Juzgado Primero de Partido Administrativo Coactivo Fiscal de La Paz notificó el pasado 25 de febrero a la exautoridad sobre el inicio del proceso judicial, luego de establecerse indicios de responsabilidad civil por la falta de continuidad a las acciones necesarias para que la infraestructura aeroportuaria entre en funcionamiento.

El caso se sustenta en el Dictamen de Responsabilidad Civil N° CGE/DRC-046/2022 emitido por la Contraloría General del Estado de Bolivia, que determina un presunto daño económico de Bs 42.358.401,67 al Estado. Según el informe, la responsabilidad sería de carácter solidario entre Patzi, el exgobernador César Cocarico y el exsecretario departamental de Infraestructura y Obras Públicas Eduardo Pastén Gironda.

De acuerdo con el documento, el proyecto denominado Construcción y Habilitación de la Terminal Aeroportuaria de Ixiamas, iniciado el 8 de noviembre de 2010 con un presupuesto de Bs 43,5 millones, se ejecutó sin contar previamente con los estudios de preinversión correspondientes. Asimismo, se observó que el proceso de contratación se realizó bajo la modalidad “llave en mano”, pero con limitaciones en su alcance.

El informe detalla que el contrato contemplaba únicamente el diseño final de ingeniería y la construcción de la obra civil, dejando pendiente la fase de puesta en marcha, que incluía el equipamiento de la terminal, la dotación de personal especializado y la obtención de certificaciones necesarias para iniciar operaciones aéreas.

Según la auditoría, durante la gestión de Patzi no se realizaron las gestiones necesarias para completar estas etapas, ni se iniciaron acciones legales o administrativas contra las autoridades que habrían limitado el alcance del proceso de contratación.

Una inspección realizada el 17 de agosto de 2021 estableció que la terminal no entró en funcionamiento y que la infraestructura presenta deterioros por falta de mantenimiento.

El dictamen de la Contraloría señala que las acciones y omisiones identificadas en la auditoría constituyen indicios de responsabilidad civil solidaria por la pérdida de activos y bienes del Estado, atribuida a negligencia e irresponsabilidad de los funcionarios encargados de su administración.

En base a este informe, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz inició el proceso coactivo fiscal contra las exautoridades involucradas. En el caso de Patzi, la notificación fue realizada en su último domicilio registrado en la localidad de Puerto Acosta.

El proceso judicial se encuentra actualmente en fase inicial y se prevé que en los próximos días se dispongan medidas patrimoniales, entre ellas el embargo de bienes, con el objetivo de garantizar la recuperación de los más de 42 millones de bolivianos presuntamente ocasionados como daño económico al Estado.