Medios de comunicación de Santa Cruz de la Sierra informaron que el alcalde Jhonny Fernández fue aprehendido tras prestar su declaración informativa ante el Ministerio Público, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en obras de pavimentación que no habrían sido ejecutadas.
ernández, sufrió una descompensación tras conocerse la orden de aprehensión en su contra y fue trasladado en ambulancia desde dependencias de la Dirección Especializada en la Lucha Contra la Corrupción (Delcc) hacia una clínica privada.
La autoridad municipal se presentó cerca del mediodía ante esa unidad policial para brindar su declaración informativa en el proceso iniciado por una denuncia del exconcejal Manuel Saavedra, relacionada con presuntas irregularidades en obras de pavimentación. En su comparecencia, Fernández rechazó las acusaciones en su contra.
Alrededor de las 14:30, uno de sus abogados informó que el alcalde se había descompensado, aunque posteriormente se indicó que logró recuperarse. No obstante, una ambulancia se trasladó hasta las instalaciones policiales ante la posibilidad de que requiriera atención médica especializada.
Horas más tarde, cerca de las 15:45, el Ministerio Público emitió la orden de aprehensión contra la autoridad edil y, pasadas las 16:00, fuentes fiscales confirmaron la ejecución de la medida, quedando a la espera de su audiencia cautelar.
Finalmente, alrededor de las 17:30, la ambulancia abandonó las instalaciones policiales con Fernández a bordo, trasladándolo a un centro de salud cuyo nombre no fue precisado oficialmente.
En paralelo, el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción se constituyó como parte coadyuvante en el proceso que sigue la Fiscalía contra el alcalde, en el marco de las investigaciones en curso.
De acuerdo con fuentes del Ministerio Público citadas por la prensa cruceña, la medida fue asumida luego de que la autoridad municipal compareciera ante los investigadores. Entre los delitos que se investigan figura el de conducta antieconómica.
El proceso se originó a partir de una denuncia presentada por el activista Manuel Saavedra, quien observó 16 proyectos de pavimentación incluidos en una auditoría preliminar realizada por la Contraloría. La denuncia señala un presunto faltante en la ejecución de estas obras, lo que motivó la apertura de la investigación



