Miles de personas se manifestaron este lunes en La Paz, sede de Gobierno de Bolivia, en la marcha más numerosa de los 15 días de protestas que se cumplen exigiendo la abrogación del decreto 5503.

La norma, dictada por el presidente Rodrigo Paz, contempla medidas económicas de ajuste y otras para facilitar inversiones en áreas estratégicas.

Como viene sucediendo, la movilización fue convocada por la mayor confederación sindical del país, la Central Obrera Boliviana (COB), pero se sumaron cerca de 100 organizaciones sociales, como las confederaciones de trabajadores campesinos y de trabajadores de la educación urbana y rural, o la Federación Sindical de Mineros.

La marcha partió el sábado desde Calamarca, al interior de La Paz, y recorrió 55 kilómetros para llegar al mediodía al Palacio de Gobierno.

En la casa de Gobierno los esperaba una comisión de ministros, que estableció seis mesas de diálogo con representantes de los movimientos sociales para realizar observaciones al decreto.

El artículo más comentado cuando la normativa fue promulgada, el 17 de diciembre, fue el que levanta la subvención a los combustibles, elevando el precio de la gasolina y del diésel en un 86% y 160%, respectivamente.

Los análisis posteriores, sin embargo, reprochan otros puntos de la norma, principalmente el que permite efectivizar contratos entre el Estado e inversiones “estratégicas” mediante decreto supremo, pasando por alto su tratamiento en la Asamblea Legislativa.

El decreto establece como sectores estratégicos la minería y la metalurgia (que abarcan el litio); los hidrocarburos y la energía; la agroindustria y los alimentos, entre otros. Apelando a esta parte de la normativa, la marcha del lunes se denominó “Bolivia no se vende”.

La máxima autoridad de la COB, Mario Argollo, aseguró que la eliminación del subsidio a los carburantes no es el tema de fondo: “No podemos vender nuestros recursos a precio de gallina muerta”, afirmó en camino al Palacio de Gobierno para pedir la abrogación del decreto.

Desde la promulgación de la norma, el Ejecutivo la ha defendido como urgente para conseguir divisas y liquidez frente a la crisis monetaria que atraviesa el país. El déficit fiscal cerró el año en un 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y las reservas internacionales se han reducido en cerca del 85% con respecto a 2014. La postura oficial es no retroceder con el decreto.

El presidente Rodrigo Paz criticó, en un acto oficial horas antes del diálogo, a los dirigentes que encabezaban las marchas: “50 dirigentes sindicales que hoy marchan ganan al año más de 18 millones de dólares. Y ahora me están pidiendo aumento. ¿Cómo es posible que un grupo sindicalizado pueda mover más dinero que 213 municipios?”.

Otra de las críticas del oficialismo hacia la protesta es la relación que mantuvieron algunas de las organizaciones movilizadas con anteriores gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). Por ejemplo, las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico o la Confederación de Mujeres Campesinas, ambas presentes en la marcha del lunes, son sectores ligados al expresidente Evo Morales, que llegaron a ocupar cargos en el Gobierno. El líder indígena, que moviliza a sus bases contra la política de Paz, denunció días atrás que se iba a declarar un estado de sitio, versión que fue desmentida horas después desde el Palacio de Gobierno.

Por otra parte, la COB sufrió en noviembre un duro golpe a su prestigio como organización retadora de las dictaduras militares, cuando su antigua máxima autoridad, Juan Carlos Huarachi, fue enviado preventivamente a la cárcel por enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias. Su reemplazo, Argollo, defendió que la central atraviesa un proceso de refundación y que no responde a intereses partidarios.

Asimismo, se registraron marchas en otras ciudades como Potosí o Santa Cruz, encabezadas por las centrales obreras regionales. En Cochabamba, en tanto, el magisterio urbano instaló un piquete de huelga que se suma al que mantiene la misma institución en La Paz desde hace ocho días.

Miles de personas se manifestaron este lunes en La Paz, sede de Gobierno de Bolivia, en la marcha más numerosa de los 15 días de protestas que se cumplen exigiendo la abrogación del decreto 5503.

La norma, dictada por el presidente Rodrigo Paz, contempla medidas económicas de ajuste y otras para facilitar inversiones en áreas estratégicas.

Como viene sucediendo, la movilización fue convocada por la mayor confederación sindical del país, la Central Obrera Boliviana (COB), pero se sumaron cerca de 100 organizaciones sociales, como las confederaciones de trabajadores campesinos y de trabajadores de la educación urbana y rural, o la Federación Sindical de Mineros.

La marcha partió el sábado desde Calamarca, al interior de La Paz, y recorrió 55 kilómetros para llegar al mediodía al Palacio de Gobierno.

En la casa de Gobierno los esperaba una comisión de ministros, que estableció seis mesas de diálogo con representantes de los movimientos sociales para realizar observaciones al decreto.

El artículo más comentado cuando la normativa fue promulgada, el 17 de diciembre, fue el que levanta la subvención a los combustibles, elevando el precio de la gasolina y del diésel en un 86% y 160%, respectivamente.

Los análisis posteriores, sin embargo, reprochan otros puntos de la norma, principalmente el que permite efectivizar contratos entre el Estado e inversiones “estratégicas” mediante decreto supremo, pasando por alto su tratamiento en la Asamblea Legislativa.

El decreto establece como sectores estratégicos la minería y la metalurgia (que abarcan el litio); los hidrocarburos y la energía; la agroindustria y los alimentos, entre otros. Apelando a esta parte de la normativa, la marcha del lunes se denominó “Bolivia no se vende”.

La máxima autoridad de la COB, Mario Argollo, aseguró que la eliminación del subsidio a los carburantes no es el tema de fondo: “No podemos vender nuestros recursos a precio de gallina muerta”, afirmó en camino al Palacio de Gobierno para pedir la abrogación del decreto.

Desde la promulgación de la norma, el Ejecutivo la ha defendido como urgente para conseguir divisas y liquidez frente a la crisis monetaria que atraviesa el país. El déficit fiscal cerró el año en un 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y las reservas internacionales se han reducido en cerca del 85% con respecto a 2014. La postura oficial es no retroceder con el decreto.

El presidente Rodrigo Paz criticó, en un acto oficial horas antes del diálogo, a los dirigentes que encabezaban las marchas: “50 dirigentes sindicales que hoy marchan ganan al año más de 18 millones de dólares. Y ahora me están pidiendo aumento. ¿Cómo es posible que un grupo sindicalizado pueda mover más dinero que 213 municipios?”.

Otra de las críticas del oficialismo hacia la protesta es la relación que mantuvieron algunas de las organizaciones movilizadas con anteriores gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). Por ejemplo, las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico o la Confederación de Mujeres Campesinas, ambas presentes en la marcha del lunes, son sectores ligados al expresidente Evo Morales, que llegaron a ocupar cargos en el Gobierno. El líder indígena, que moviliza a sus bases contra la política de Paz, denunció días atrás que se iba a declarar un estado de sitio, versión que fue desmentida horas después desde el Palacio de Gobierno.

Por otra parte, la COB sufrió en noviembre un duro golpe a su prestigio como organización retadora de las dictaduras militares, cuando su antigua máxima autoridad, Juan Carlos Huarachi, fue enviado preventivamente a la cárcel por enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias. Su reemplazo, Argollo, defendió que la central atraviesa un proceso de refundación y que no responde a intereses partidarios.

Asimismo, se registraron marchas en otras ciudades como Potosí o Santa Cruz, encabezadas por las centrales obreras regionales. En Cochabamba, en tanto, el magisterio urbano instaló un piquete de huelga que se suma al que mantiene la misma institución en La Paz desde hace ocho días.