El viernes 8 de mayo de 2026, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, presentó grabaciones atribuidas al expresidente Evo Morales. Estas grabaciones revelan una presunta estrategia de desestabilización política en Bolivia.

Según Paredes, las movilizaciones en el país no responden a demandas sociales genuinas, sino a un plan estructurado para forzar la salida del actual mandatario, Rodrigo Paz.

Los audios presentados, obtenidos mediante labores de inteligencia, exponen instrucciones específicas para ejecutar medidas de presión.

El reporte oficial indica que, a pesar de la apertura de mesas de diálogo por parte del Ejecutivo, sectores ligados a los interculturales han mantenido bloqueos, especialmente en la región de Caranavi. Para el viceministro, esto responde a un modelo de control basado en prebendas que busca recuperar el poder político a través de la fractura de los movimientos sociales.

Paredes fue enfático al señalar que la naturaleza de las protestas ha mutado. Inicialmente se plantearon demandas sobre seguridad jurídica y carreteras; sin embargo, el objetivo actual es netamente político. “La consigna ya no es la carretera ni la Ley 1720; la consigna es sacar del Gobierno a Rodrigo Paz”, afirmó.

El punto central del conflicto mencionado por los sectores sociales es la Ley 1720, promulgada el 10 de abril de 2026.

Esta ley permite convertir la “pequeña propiedad” agraria a “mediana propiedad” mediante un trámite administrativo rápido ante el INRA.

El gobierno sostiene que esto permitirá a los campesinos acceder a créditos bancarios al poder usar la tierra como garantía. No obstante, sectores afines a Evo Morales y la Central Obrera Boliviana (COB) denuncian que esta ley promueve la mercantilización de la tierra y pone en riesgo la propiedad comunitaria.

A diferencia del contexto general, esta semana se registran al menos diez puntos de bloqueo activos en las siguientes zonas:

Patacamaya

Villa Remedios

Cruce Luribay

Santiago de Machaca

En los fragmentos difundidos se escucha coordinación para bloquear los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, así como una directriz clara para La Paz: “Si el día lunes o miércoles hay cerco a La Paz, vamos a meter”. Frente a este escenario, el Ministerio de Gobierno ha delineado tres ejes de acción inmediata:

Identificación de delitos: Procesamiento legal para quienes interrumpen servicios públicos y libre circulación.

Rastreo de financiamiento: Se han identificado dos fuentes ilícitas que sostienen logística para los bloqueos bajo investigación.

Garantía de derechos: Aplicación de la Sentencia Constitucional 0721/2024 para asegurar derechos frente a medidas coercitivas.

Finalmente, Paredes advirtió que el Estado continuará documentando estas acciones para garantizar la estabilidad institucional del país y denunciar lo que calificó como una “organización ilícita” orientada a interrumpir el orden democrático.