En las últimas horas de este domingo, diversos sectores sociales y plataformas digitales han difundido denuncias públicas sobre una presunta orden de aprehensión contra la exministra de Culturas, Wilma Alanoca, bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos.
De acuerdo con las denuncias que han cobrado fuerza en redes sociales y medios locales este día, se acusa a la exautoridad de haber gestionado más de 100 millones de dólares destinados originalmente al incentivo del turismo y la promoción cultural en el país.
Las acusaciones señalan que una parte sustancial de estos recursos no habría llegado a sus destinos finales y, por el contrario, se encontraría presuntamente depositada en cuentas bancarias pertenecientes a familiares directos de Alanoca.
El pedido de los sectores denunciantes es tajante: la devolución inmediata de los fondos que habrían sido "embolsados" ilícitamente.
La polémica se ve agravada por la situación del Museo de la Revolución Democrática y Cultural, conocido como el "Museo de Orinoca".
Esta infraestructura, cuya construcción e inauguración (2017) estuvieron bajo la tutela del ministerio que Alanoca encabezaba, ha sido calificada como un "millonario despilfarro".
Informes recientes de finales de 2025 e inicios de 2026 revelan que: El museo, que tuvo un costo de construcción estimado en millones de dólares, se encuentra actualmente en estado de abandono y deterioro, sin funcionar plenamente desde el año 2020.
Alanoca ha intentado deslindar responsabilidades en declaraciones previas, afirmando que ella "no construyó" el museo, sino que simplemente lo "hizo funcionar" durante su gestión.
Diputados y comisiones de ética han exigido auditorías forenses para determinar el destino de los activos y la documentación que habría desaparecido del recinto.
Estas acusaciones surgen en un momento crítico para Alanoca, quien en 2025 fue proclamada como candidata a la vicepresidencia acompañando a Evo Morales, aunque su postulación enfrentó trabas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La concejala ha calificado estas investigaciones y pedidos de aprehensión como un "ataque político" impulsado por el actual gobierno para inhabilitar su participación en las elecciones subnacionales de 2026.
Hasta el momento, las autoridades judiciales no han emitido un comunicado oficial ratificando la ejecución de la aprehensión, mientras la defensa de Alanoca asegura que se trata de una persecución judicial sin fundamentos técnicos.
