La Paz — En medio de un creciente clima electoral, diversos sectores sociales, cívicos y académicos de Bolivia han salido a las calles y a las redes para rechazar la reciente aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, de la suscripción de un contrato para la explotación de litio con una empresa rusa.

Las manifestaciones no solo cuestionan el contenido del acuerdo, sino sobre todo el momento en que se impulsa: a pocos meses de las elecciones nacionales, en las que se renovará el gobierno y el parlamento. La principal demanda de los manifestantes es clara: cualquier negociación sobre el litio, uno de los recursos estratégicos más importantes del país, debe esperar a que se elijan nuevas autoridades con un mandato fresco y legítimo.

Organizaciones ciudadanas denuncian que este tipo de contratos, firmados en la recta final de una gestión, responden más a intereses políticos y ambiciones de permanencia en el poder que a una verdadera planificación estratégica para el desarrollo nacional.

Analistas advierten que el litio, por su altísimo valor en la transición energética global, se ha convertido en un botín político y económico que algunos gobernantes intentan asegurar antes de dejar el cargo.

“Estamos ante una carrera desesperada por amarrar acuerdos millonarios que comprometen el futuro del país durante décadas. Esto no es visión de Estado, es una jugada política para dejar atadas las manos a las próximas autoridades”, declaró un experto en política energética.

Las críticas también apuntan a la falta de transparencia en el proceso de aprobación y a la ausencia de un debate técnico y social que garantice que el litio se explote bajo condiciones beneficiosas para Bolivia.

En el trasfondo, se percibe la tensión entre la necesidad de industrializar este recurso y el riesgo de que su gestión quede condicionada por compromisos apresurados con potencias extranjeras.

El debate sobre el litio se perfila así como un eje central de la campaña electoral, donde la ciudadanía exigirá que cualquier contrato sea revisado, renegociado o incluso anulado, en defensa de la soberanía económica del país.