El ex ministro de Justicia boliviano César Siles fue internado en una clínica el domingo tras sufrir descompensación, pocas horas después de que un juez dictara su prisión preventiva por cinco meses.
La acusación incluye presunto tráfico de influencias y la conformación de un consorcio con el fin de influir en decisiones judiciales, un escándalo que afecta al gobierno del presidente Luis Arce y a las autoridades judiciales.
El incidente ocurrió tras una extensa audiencia de más de diez horas el sábado, lo que llevó a que su traslado a un penal cercano a La Paz se postergara. Según las autoridades policiales, “su salud es estable” a pesar de la situación.
Siles presentó su renuncia la semana pasada debido a las denuncias en su contra. A su vez, tres jueces y un magistrado suplente también son investigados en este caso.
La evidencia central presentada por la fiscalía incluye un audio donde Siles instruye a un juez de provincia para emitir un fallo que suspenda a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, elegida por votación popular. Esto con el objetivo de reemplazarla por un juez alineado a los intereses del gobierno.
El ex ministro no ha negado la autenticidad del audio, pero argumentó que “su contenido fue manipulado”, sosteniendo que las acusaciones contra él buscan perjudicar la imagen del presidente Arce, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre el asunto.
El juez provincial implicado ha solicitado ser considerado “testigo protegido” para colaborar con las investigaciones, según su abogada Zuleika Lanza. Asimismo, el magistrado suplente enfrenta arresto domiciliario mientras se sustancia la investigación.
Este escándalo fue revelado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, quien acusó a Siles de intentar ejecutar un “golpe” contra el sistema judicial boliviano con el propósito de apropiarse del control del tribunal de La Paz.
La justicia en Bolivia ha sido históricamente criticada por organismos internacionales por su falta de independencia de la política.
Un informe de 2023 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que la justicia en el país a menudo ha sido utilizada como herramienta de acuerdo a los intereses del poder político, marcando este caso como el primero en donde un exministro es señalado como el autor intelectual de una trama judicial.
