Un tribunal de Venezuela emitió este lunes una orden de arresto contra el opositor Edmundo González Urrutia, según informó la Fiscalía del país vecino, que más temprano solicitó una medida de aprehensión para el candidato antichavista por su "presunta comisión de delitos de usurpación de funciones" y "forjamiento de documento público", con relación a las actas electorales de las presidenciales del pasado 28 de julio.

"El tribunal de primera instancia en funciones de control a nivel nacional acuerda orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia por graves delitos", escribió en su cuenta en Instagram la Fiscalía, que le solicitó la medida de aprehensión a un juzgado con competencia en delitos de "terrorismo".

Esta acción se da luego de que González Urrutia -en la clandestinidad desde el 30 de julio-, abanderado de la oposición mayoritaria venezolana, desatendió tres citaciones enviadas por el ente acusador en el marco de una investigación en su contra, la última para el viernes pasado.

Según un oficio del ente fiscal con fecha de este lunes 2 de septiembre, al candidato opositor se le acusa también de "instigación a la desobediencia de leyes", "conspiración", "sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)".

El diplomático, de 75 años de edad, no compareció a las tres citas fijadas por la Fiscalía, las cuales fueron publicadas en redes sociales por el fiscal general, Tarek William Saab, quien acusa al opositor de "conspiración" y "usurpación de funciones".

El 25 de agosto -fecha en la que se emitió la primera citación-, a través de un video publicado en sus redes sociales, González Urrutia expresó que la Fiscalía lo "pretende someterdividir a la comunidad internacional habrán fracasado” dijo.

La orden de arresto, además, deja en evidencia un aumento de la persecución contra los opositores tras las elecciones: una ola de represión que ya deja más de 2.400 detenidos y al menos 27 fallecidos.

La solicitud de aprehensión llegó el mismo día que Estados Unidos anunció la incautación de un avión de Nicolás Maduro en República Dominicana, con la asistencia de las autoridades de ese país, y que fue transferida a Florida (EE. UU.) por haber sido “comprada ilegalmente” por 13 millones de dólares “a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por parte de Nicolás Maduro”.