El candidato a diputado por Arica, Sebastián Huerta, generó polémica al proponer reinstalar minas antipersonales en la línea limítrofe entre Chile y Bolivia, como medida para frenar el ingreso de migrantes irregulares y combatir acciones del crimen organizado.

En un video difundido en redes sociales, Huerta afirmó que la situación en el norte “está desbordada” y planteó –entre otras medidas– “volver a minar la zona fronteriza, entregar más facultades a los militares y penalizar el ingreso ilegal”.

La declaración del aspirante a parlamentario, que además impulsa una recolección de firmas para presentar la iniciativa ante líderes de la coalición de derecha, fue recibida con críticas por su evidente conflicto con el derecho internacional y por el riesgo humanitario que implicaría para poblaciones civiles y migrantes.

Organizaciones y normas internacionales consideran el uso de minas antipersonales inaceptable por su efecto indiscriminado y duradero.

Chile sembró miles de minas antipersonales y antitanques en sus fronteras con Perú y Bolivia durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973–1990). Desde la firma de la Convención de Ottawa en 1997 –tratado que prohíbe el uso, producción, almacenamiento y transferencia de minas antipersonales– varios informes oficiales indican que el país avanzó en labores de desminado, con estimaciones públicas en 2017 sobre un 80% de minas ya retiradas y un remanente que entonces se calculó en decenas de miles de artefactos por desactivar.

Estas cifras y los compromisos internacionales convierten la propuesta de reinstalar minas en una violación clara de obligaciones asumidas por Chile.

La región de Arica y Parinacota, fronteriza con Perú al norte, Bolivia al este y el océano Pacífico al oeste, es un corredor habitual de tránsito migratorio hacia Chile.

Huerta argumenta que la inmigración irregular y la inseguridad –según él, exacerbadas por redes de crimen organizado– requieren “cambios radicales” y sanciones “duras y ejemplares” para quienes entren sin documentación. Sus críticos apuntan que soluciones de seguridad deben respetar la ley internacional, los derechos humanos y la cooperación regional, y que medidas como la propuesta podrían aumentar tensiones diplomáticas con países vecinos.

Esta propuesta vuelve a colocar sobre la mesa una discusión sobre seguridad fronteriza y migración, pero choca con compromisos internacionales como la Convención de Ottawa y con el precedente histórico y humanitario del uso de minas.

Históricamente, Chile instaló campos minados en sus fronteras, incluida la de Bolivia, durante la década de 1970 y 1980 por razones de seguridad nacional.

Sin embargo, Chile es parte de la Convención de Ottawa (Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona) y ha estado trabajando activamente en la remoción de todas las minas antipersona de su territorio, con la fecha límite para completar la destrucción total de las minas restantes fijada para el año 2027.

La propuesta  del politico chileno  generaría un conflicto diplomático significativo.