Santiago de Chile — Ante la polémica política en Bolivia sobre la idea de nacionalizar vehículos indocumentados, la diputada María Luisa Cordero (Renovación Nacional) manifestó su profunda preocupación acerca de los efectos que una medida semejante podría tener, tanto en el orden legal como diplomático.
La congresista de Chile dijo: Los bolivianos “tienen disminución de oxígeno cerebral” por haber nacido en el altiplano. Esta afirmacion sostuvo sobre la propuesta de Rodrigo Paz ZZamora de nacionalizar autos chutos.
Señaló que legalizar autos sin documentación clara podría incentivar el tráfico transfronterizo irregular de vehículos, lo que conlleva riesgos para la seguridad y facilita actividades ilícitas.
Consideró que la propuesta vulnera principios de legalidad y podría afectar la confianza entre estados vecinos en lo que respecta al cumplimiento de normas aduaneras y tutela fronteriza.
Advirtió que la medida podría generar tensiones diplomáticas, sobre todo con Chile, si se percibe que autos ingresados al vecino país de forma irregular podrían luego “blanquearse” o adquirir un estado legal sin la debida verificación de procedencia.
Subrayó la necesidad de respetar los tratados bilaterales, acuerdos aduaneros y la normativa internacional que regula importaciones, tránsito internacional de vehículos, derechos de aduana y derechos de terceros.
En Bolivia existe un debate intenso sobre la posibilidad de legalizar o nacionalizar los llamados autos “chutos”, es decir, vehículos que ingresaron sin la documentación adecuada.
Algunos legisladores, como el diputado Héctor Arce, han presentado iniciativas para regularizar hasta 500.000 vehículos indocumentados, argumentando que esto permitiría recaudar tributos, mejorar el acceso al combustible subsidiado y atender necesidades de movilidad en zonas rurales.
Por otro lado, hay sectores que rechazan la idea, mencionando que una nacionalización podría arraigar la ilegalidad, debilitar el cumplimiento de las leyes, y crear incentivos para tráfico de vehículos.
POTENCIALES IMPLICACIONES:
Jurídicas: modificación de regulaciones aduaneras, arancelarias y responsabilidad sobre la procedencia de los autos.
Diplomáticas: posibles exigencias de países vecinos para colaboración en control fronterizo, verificación de patrimonios vehiculares, cooperación aduanera.
Económicas: ingresos fiscales adicionales si se regularizan muchos vehículos; al mismo tiempo, el costo estimado del combustible subsidiado, mantenimiento de la administración del proceso de legalización, y efectos sobre el mercado automotor formal.
Sociales: la propuesta tiene receptividad en zonas rurales o comunidades alejadas, donde muchas veces los autos indocumentados se utilizan como herramienta de trabajo. Pero también genera oposición fuerte de transportistas, sectores responsables del control legal, y de quienes temen efectos adversos de seguridad.
CONCLUSIÓN
Cordero pediría cautela, diálogo bilateral, claridad en los procedimientos y transparencia en la aplicación de cualquier norma, para evitar que una medida con apariencia de solución se convierta en fuente de más conflictos legales, fiscales o diplomáticos.
