El Gobierno nacional presentó este lunes un informe sobre el destino del dinero proveniente del sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos, caso por el que están acusados los exministros Arturo Murillo y Fernando López, entre otras personas allegadas al gobierno de Jeanine Áñez.

En la exposición de este informe, denominado la “ruta del dinero”, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció que parte de los 2,3 millones de dólares desviados fueron invertidos en un proyecto de construcción en el Urubó (Santa Cruz) y en una inmobiliaria de Cochabamba.

"Tenemos identificado dónde se encuentra el dinero de la corrupción: gran parte de estos recursos han sido invertidos en una construcción en Santa Cruz, estamos hablando del WTC (World Trade Center) en el Urubó, y gran parte de los recursos se encuentran en la inmobiliaria El Doral”, indicó el Ministro, al anunciar que el Gobierno ya pidió la retención de los fondos a las instancias correspondientes en busca de recuperar los recursos.

Según el informe del Gobierno, el presupuesto para la compra de los agentes químicos fue solicitado mediante la promulgación de los decretos 4090, 4146 y 4168, durante la gestión de Áñez, por lo que apuntó no solo a los exministros Murillo y López, sino también a la misma presidenta y a su gabinete.

El 19 de diciembre, el Estado boliviano firmó un contrato con Bravo Tactical Solutions (BTS) para la adquisición de los gases lacrimógenos por 5,6 millones de dólares. Este monto intentó cancelar el entonces ministro Fernando López, el 13 de enero de 2020, a través del Banco Central de Bolivia con un giro de aproximadamente $us5.649,137.

Casualmente, esa fecha, Murillo se encontraba en Estados Unidos, donde se reunió con Bryan Berkman. Más tarde, ese mismo día, el entonces ministro de Gobierno abre una cuenta en un banco de EEUU y retorna a Bolivia.

El 29 de enero de 2020, el Banco JP Morgan Chase Bank rechaza el pago que López trataba de realizar por generar sospechas, básicamente observa que la cuenta de BTS había sido abierta tres días antes de la millonaria transacción, por lo que no se ejecuta la transacción.

Por ello, López intenta nuevamente realizar el pago el 17 de marzo de 2020 y lo cumple. Los $us3, 9 millones llegan a la empresa BTS.

Posteriormente, el 8 de abril de 2020 se transfiere el saldo restante de $us1,7 millones, haciendo un total de $us5.6 millones, de los cuales $us3.3 millones fueron a la empresa Cóndor en Brasil, y el restante $us2.3 millones sería el monto de sobornos.

El primer soborno se realiza a través de una persona desconocida, denominada “individuo 1”, que entrega $us 700 mil a un familiar de Philip Lichtenfeld. De este monto, 582 mil van a manos de Rodrigo Méndez, exjefe de gabinete de Murillo, para su repartición con el entonces ministro de Gobierno.

El segundo soborno se efectúa mediante tres transferencias bancarias de BTS a la cuenta de Lichtenfel, de $us 500 mil (14 de abril de 2020), $us 320 mil (17 de abril de 2020) y $us 100 mil (30 de junio de 2020).

En total, se entregó $us 920 mil a la cuenta que figura como “Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A.”, una empresa que tiene participación en los proyectos World Trade Center (Santa Cruz) y la inmobiliaria “El Doral” (Cochabamba)

El tercer soborno, de $us 20 mil, llegó a un familiar de Fernando López, por el que el entonces ministro de Defensa recibió una captura de pantalla de Luis Berkman confirmando el depósito.

Para el cuarto soborno, Lichtenfeld envió un mensaje a mano con el título "Transfer Arturo". El primer depósito fue de $us 79 mil dólares y un segundo de $us 100 mil, haciendo un total de 179.000 que supuestamente fueron recibidos por Murillo, quien cerró su cuenta en Estados Unidos tras las transferencias.