El Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba absolvió al exalcalde Edwin Castellanos por el colapso de la plataforma del paso a desnivel de la avenida 6 de Agosto e Independencia, conocido como el caso “puente caído”, hecho que origino una serie de comentarios sobre la actitud de los jueces que aparentemente protegen los actos de corrupción de algunos poderosos de la política, según comentan en redes sociales.

En Bolivia se encarcela a quienes roban una gallina, pero en el país, hay impunidad, nadie protege los intereses del Estado. ¿¿Qué hacen los concejales del evismo en Cochabamba, que no fiscalizan las obras mal ejecutadas por el Gobierno de Evo Morales y por el ex alcalde Edwin Castellanos que dejo un desastre un puente que se desplomo por la mala ejecución del proyecto?, señalan varias publicaciones.

“Es obvio que Evo Morales sigue manejando a su antojo a los jueces en Bolivia, por eso se deja en el olvido un acto de corrupción que es conocido en toda Bolivia. No hay responsables, no pasó nada en Cochabamba y Castellanos figura como un hombre honesto”, repudian en las redes sociales.

Luego de varias semanas del juicio oral contra el exalcalde y su entonces equipo técnico, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la ejecución y supervisión del proyecto “Construcción paso a desnivel, Avenida 6 de Agosto -Independencia D-5”, la Juez de Sentencia N°3 del Tribunal Departamental de Justicia emitió una sentencia absolutoria en favor de la exautoridad.

La acusación presentada por el Ministerio Público y la Alcaldía de Cochabamba contra Edwin Castellanos y su entonces equipo técnico se fundamentaba en el incumplimiento del Decreto Supremo 0181 de “Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios NB-SABS”, en el proceso de contratación para la ejecución y supervisión del proyecto “Construcción paso a desnivel, Avenida 6 de Agosto-Independencia D-5”.

La sentencia absolutoria se sustenta en los informes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que concluyen que no se habría transgredido la normativa en el Decreto Supremo 0181 de “Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios NB-SABS”.

Por otro lado, resalta el Dictamen de la Contraloría General del Estado que dictamina indicios de responsabilidad civil solidaria del Supervisor, por disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado y de la Empresa Constructora por incumplimiento de contrato, por la suma de Bs 11.371.446,05.

El dictamen de la Contraloría General del Estado no determina indicios de responsabilidad penal.

La decisión tomada por la autoridad jurisdiccional se apoya en los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público y de la acusación particular, elementos de prueba que no respaldan los hechos que la acusación atribuye a los procesados y que constituyen la base del juicio oral.

El puente demandó una inversión Bs 13,5 millones, fue entregado en diciembre de 2014 y 10 meses después, en octubre de 2015, colapsó.

Castellanos estaba procesado por los delitos de resoluciones contrarias a las leyes e incumplimiento de deberes.