De acuerdo a un reporte que llega desde Cochabamba, se conoce que la justica aun no toma decisiones sobre el puente caído, donde hubo un daño de 11.7 millones de bolivianos. La defensa del ex alcalde municipal, Edwin Castellanos propuso acogerse a la justicia restaurativa para resarcir daño.

Los acusados Edwin Castellanos, Víctor Hugo Álvarez  y Nelson Alberto Vega informaron a la autoridad jurisdiccional que presentaron memoriales ante el  Viceministerio de Justicia y Transparencia Institucional solicitando someterse al Programa de Justicia Restaurativa, lo cual implica que de manera voluntaria decidieron resarcir el daño económico que se habría ocasionado dentro el presente caso.

En este caso, existen siete acusados, de los cuales tres optaron por la justicia restaurativa, en el marco de la Ley 1390. La decisión se hizo conocer en audiencia de juicio oral.

En ese marco, el juez decidió suspender la audiencia de juicio para el 5 de agosto en función al cronograma de audiencias ya agendadas y en espera de que el Viceministerio de Transparencia emita un pronunciamiento.

El equipo jurídico de la alcaldía municipal de Cochabamba, protesto por la retardación de justicia sobre una grave daño económico que provoco la caída de un  puente a Cochabamba.

“La justicia obra de forma desequilibrada y no actúa de forma honesta y transparente, pero cuando quieren abusar con el poder humillan y desprestigian a autoridades municipales y mueven todo su aparato para investigar cosas injustificables. Castellanos y sus amigos deberían estar en la cárcel por provocar un daño económico a Cochabamba”, opino uno de los asesores jurídicos.

Este caso se abrió después de que en 2016 colapsó la caída del puente ubicado en la avenida 6 de Agosto e Independencia de la ciudad de Cochabamba, obras que fue responsabilidad de la gestión de Castellanos.

En este proceso, están acusados el exalcalde Edwin Arturo Castellanos Mendoza, Oswaldo Vladimir Delgadillo Nogales, Nelson Alberto Vega Aguirre, Sergio Oliver Rodríguez Mercado y Oscar Cortez Meneses, por los delitos de incumplimiento de deberes, incumplimiento de contrato y conducta antieconómica, en tanto que Carlos Cimar Achabal Torrico y Víctor  Hugo Álvarez  fueron acusados por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato.

El exalcalde de Cochabamba Edwin Castellanos (autoridad entre 2010 y 2015), del Movimiento Al Socialismo (MAS), y dos personas más plantearon resarcir daños en el caso del denominado Puente Caído y pretenden someterse a la justicia restaurativa.

Esta obra fue inaugurada el 19 de diciembre de 2014, cuando Castellanos ejercía como alcalde; y el puente colapsó el 22 de octubre de 2015. El proyecto fue adjudicado a la empresa Álvarez por un contrato de excepción, después que dos licitaciones se declararan desiertas. Demandó una inversión de casi 11.7 millones de bolivianos.

De acuerdo con información otorgada por el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), tres de los siete implicados decidieron someterse al programa de justicia restaurativa, “lo que implica que expresaron su interés de resarcir el daño que se habría ocasionado”.

Del total de los acusados, el exalcalde Castellanos, un responsable de la empresa constructora y el supervisor de la obra informaron a la autoridad jurisdiccional que presentaron en memoriales ante el Viceministerio de Justicia y Transparencia Institucional solicitando someterse al programa de justicia restaurativa, en el marco de la ley 1395, y su protocolo. Es decir, que “de manera voluntaria, los tres decidieron resarcir el daño económico que se habría ocasionado dentro del presente caso”.

Este tema determinó que la Jueza suspende la audiencia de juicio oral hasta el viernes 5 de agosto. Explicó que asumió esa determinación en función del cronograma de audiencias ya agendadas y en espera de que el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción pueda emitir su pronunciamiento.

El secretario General de la Alcaldía, Henry Rico, manifestó que la justicia restaurativa “no debería ser aplicable” en temas referidos a daños económicos al Estado.

Expresó que la Constitución Política del Estado (CPE) señala que los delitos cometidos por daño económico al Estado son “imprescriptibles”. “Pero, con la aplicación de esto, están buscando la prescripción“, cuestionó.