Las protestas en Bolivia dejaron de ser reclamos aislados y empezaron a formar un escenario de presión múltiple sobre el presidente Rodrigo Paz. En apenas seis meses de gestión, el mandatario enfrenta bloqueos de rutas, huelgas, movilizaciones callejeras y pedidos de renuncia impulsados por sectores que durante años estuvieron alineados políticamente con Evo Morales.

La tensión se extiende por distintas regiones del país y combina reclamos económicos, disputas políticas y rechazo a varias medidas oficiales. Campesinos, indígenas, maestros, transportistas y mineros coinciden en cuestionar al Gobierno, aunque cada sector mantiene demandas propias vinculadas a salarios, combustibles, leyes agrarias y reformas estatales.

Uno de los focos más sensibles se instaló en la región andina, donde organizaciones campesinas aimaras endurecieron los bloqueos de rutas durante los últimos días.

La Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari” tomó protagonismo en las protestas y pasó rápidamente de respaldar otros reclamos sectoriales a exigir directamente la salida del presidente.

Mientras encabezaba una protesta en la ciudad de El Alto, el dirigente Jaime Condori lanzó una frase que expuso el nivel de ruptura entre esos sectores y el Gobierno. “Queremos que se vaya. Ya no queremos diálogo”, afirmó frente a los manifestantes. La postura profundizó todavía más la tensión política en torno a Paz.

Desde el oficialismo respondieron rápidamente y descartaron cualquier posibilidad de renuncia presidencial. El vocero José Luis Gálvez denunció un “proceso conspirativo” y reclamó respeto por el resultado electoral que llevó a Paz al poder en noviembre de 2025. El Gobierno sostiene que parte de las protestas busca desestabilizar la gestión en medio de la crisis económica.

La conflictividad también se trasladó al plano sindical. La Central Obrera Boliviana, una de las organizaciones más importantes del país, declaró una huelga general indefinida desde el 4 de mayo. Aunque la medida no logró una adhesión masiva, la COB presentó un pliego de 211 demandas que incluye un aumento salarial del 20%, el rechazo a privatizaciones y oposición a proyectos contra los bloqueos.

El Gobierno respondió que no puede afrontar ese incremento salarial debido a la situación económica. Bolivia atraviesa un contexto complicado, con previsiones internacionales que estiman una caída económica de entre 3,2 y 3,3% durante este año. Esa situación alimenta todavía más el malestar de distintos sectores laborales.

Los maestros urbanos y rurales también mantienen protestas en La Paz. Las organizaciones docentes, que reúnen a unos 174.000 afiliados, reclaman mejoras salariales y otras condiciones laborales. Mientras los educadores urbanos aceptaron una tregua temporal para continuar negociando, los maestros rurales siguen movilizados en las calles.

Otro punto conflictivo aparece en la Amazonía boliviana. Campesinos e indígenas caminaron durante 24 días desde Pando hasta La Paz para exigir la anulación de la Ley 1720, que modifica criterios sobre pequeñas propiedades rurales. Los manifestantes temen perder tierras frente al sistema financiero, mientras sectores empresariales de Santa Cruz respaldan la normativa.

Al mismo tiempo, seguidores de Evo Morales volvieron a movilizarse contra el Gobierno y las reformas impulsadas por Paz. Una marcha partió desde Caracollo hacia La Paz con reclamos políticos y económicos, mientras el exmandatario enfrenta una nueva orden de captura por una causa de trata agravada de personas vinculada a hechos ocurridos entre 2015 y 2016.

La presión podría ampliarse todavía más en los próximos días. Sindicatos de chóferes amenazaron con sumarse nuevamente a las protestas después de denunciar problemas con la calidad de los combustibles, mientras cooperativas mineras exigen abastecimiento permanente de explosivos y gasolina para sostener la actividad. Con cada nuevo sector que se incorpora al conflicto, el Gobierno boliviano enfrenta un escenario cada vez más inestable.