Una paralización casi total del transporte público en Bolivia, en ciudades como La Paz y El Alto, así como a rutas interdepartamentales, ocurrió este miércoles debido a una huelga impulsada por sindicatos del sector.

La medida surge como protesta ante la mala calidad de la gasolina y el incumplimiento en los pagos de compensaciones a transportistas cuyos vehículos habrían resultado dañados.

Los dirigentes del sector aseguran que el Gobierno incumplió acuerdos alcanzados en los últimos dos meses. Entre las principales demandas figuran la mejora inmediata del combustible y la indemnización por los daños ocasionados, responsabilidad que atribuyen a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entidad encargada de la importación.

Desde la estatal, su presidente Yussef Akly indicó que los pagos comenzaron a ejecutarse desde el pasado viernes a través de seguros. Sin embargo, los transportistas sostienen que no han recibido compensación alguna y denuncian que la calidad del combustible sigue siendo deficiente.

El secretario ejecutivo de la Federación Departamental del Transporte Libre de la Paz, Limbert Tancara, cuestionó que combustibles de menor calidad estarían siendo comercializados como categorías superiores. “Pareciera que la gasolina especial que habitualmente nosotros comprábamos a 374 y ahora a 696, lo están haciendo pasar como gasolina premium. Y la gasolina de pésima calidad, aquella que ha sido rebotada en Santa Cruz, que ha llegado a La Paz, nos están vendiendo como gasolina especial”, expresó.

La situación se agravó tras reportes sobre un camión cisterna con diésel presuntamente contaminado, lo que amplía la crisis más allá de la gasolina. Tancara también mencionó irregularidades en cargamentos provenientes de Chile, donde parte del combustible estaría adulterado pese a que los sellos de seguridad no presentan alteraciones.

Otros representantes del sector, como Víctor Hugo Poma, denunciaron la presencia de residuos oscuros en la gasolina, que ha provocado daños mecánicos. Por su parte, Juan José Poma advirtió que el comportamiento del combustible no es el habitual, lo que genera dudas sobre su composición.

De acuerdo con datos oficiales de YPFB, más de 10.000 vehículos han resultado afectados en todo el país, de los cuales unos 4.500 corresponderían al departamento de La Paz, según estimaciones del sector transporte.

Ante la falta de respuestas, los sindicatos exigen una reunión directa con el presidente Rodrigo Paz. Además, el paro inicial de 24 horas fue declarado indefinido, con la posibilidad de extenderse a otros cinco departamentos.

En el ámbito político, el partido Libre, vinculado al expresidente Jorge Quiroga, pidió la renuncia del ministro de hidrocarburos y del presidente Yacimientos Petrolíferos Bolivianos en las próximas 24 horas. Asimismo, el empresario y líder político Samuel Doria Medina instó al Gobierno a presentar pruebas sobre una supuesta conspiración denunciada por el Ejecutivo respecto a la adulteración del combustible.

El conflicto se da en un contexto de aumento en los precios de importación. En ese sentido, las autoridades explicaron que el encarecimiento responde a que actualmente las compras se realizan a crédito, a diferencia de gestiones anteriores donde se pagaba al contado.