LA PAZ, BOLIVIA — 20 de mayo de 2026 — A seis meses de haber asumido la presidencia de Bolivia y poner fin a casi dos décadas de gestiones del Movimiento al Socialismo (MAS), el gobierno de Rodrigo Paz Pereira enfrenta su mayor desafío político e institucional debido a una severa ola de protestas y cercos carreteros que buscan forzar su salida inmediata del poder.

Las movilizaciones que asfixian el eje central del país —principalmente el tramo Cochabamba-La Paz— están compuestas por dos frentes con alta capacidad de movilización:

El ala radical del 'Evismo': Sectores leales al expresidente Evo Morales exigen frenar la orden de aprehensión judicial que pesa en su contra por presunta trata de personas y demandan la habilitación de su candidatura presidencial.

El frente sindical tradicional: Organizaciones históricas como la Central Obrera Boliviana (COB), el magisterio, mineros y los indígenas 'Ponchos Rojos' de la provincia Omasuyos radicalizaron sus protestas.

Pese a que el Ejecutivo ya cedió a la derogación de la polémica Ley de Tierras 1720, las dirigencias regionales mantienen el pedido de renuncia presidencial debido al impacto de la inflación y la escasez de hidrocarburos.

LA DISPUTA POR EL ORIGEN DE LOS RECURSOS

El gobierno de Rodrigo Paz denunció formalmente que detrás del sofisticado despliegue logístico de las protestas opera un "plan macabro" financiado presuntamente por el narcotráfico y economías ilegales para lograr impunidad judicial.

Por el contrario, las organizaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba aseguran que las marchas operan mediante el sistema histórico de aportes sindicales obligatorios, multas internas a los afiliados inasistentes y la instalación de ollas comunes en las carreteras.

¿DEMOCRACIA EN RIESGO?

Ante los cercos de las principales vías nacionales que impiden el suministro de combustibles y alimentos básicos, el Ejecutivo advirtió que no descarta la aplicación de un estado de excepción constitucional para pacificar el territorio.

Mientras la Policía y las Fuerzas Armadas aplican mandatos judiciales de libre tránsito acumulando decenas de detenidos, los huelguistas cierran los canales de diálogo emulando las históricas revueltas populares que provocaron la caída de gobiernos en 2003.

Analistas institucionales advierten que, si bien las libertades democráticas formales siguen vigentes, el estado de derecho sufre un severo desgaste debido al desabastecimiento, la violencia callejera y la parálisis del aparato productivo nacional.