El presidente Rodrigo Paz denunció este lunes un presunto daño económico superior a 100 millones de dólares, atribuido a procesos de contratación directa con irregularidades y falta de control.

La declaración se produjo durante una conferencia en la que el Gobierno anunció nuevas medidas para transparentar el gasto público.

Según la autoridad, estas prácticas se habrían consolidado en los últimos años y afectaron directamente los recursos del Estado. Paz aseguró que su gestión busca desarticular un “sistema de corrupción” arraigado en distintos niveles institucionales.

De acuerdo con Paz, se identificaron 161 decretos vinculados a contrataciones directas. De ese total, 105 permitían adjudicaciones sin procesos adecuados de verificación, lo que —según afirmó— facilitó irregularidades en el manejo de recursos públicos.

El mandatario detalló que estas disposiciones habrían permitido administrar más de 7.400 millones de bolivianos sin un destino claramente establecido.

“El dinero de estos contratos no es solo papel, es el dinero de todos los bolivianos”, sostuvo en su intervención ante medios.

Paz enfatizó que la ausencia de controles efectivos abrió la puerta a decisiones discrecionales en la asignación de contratos. Según sus declaraciones, la contratación directa se convirtió “en numerosos casos” en un mecanismo de corrupción.

Añadió que el volumen de recursos comprometidos refleja la magnitud del problema. “Significó más de 100 millones de dólares que nos han robado y más de 7.400 millones de bolivianos cuyo uso no está claro”, afirmó.

El presidente vinculó estas prácticas a gestiones relacionadas con el Movimiento al Socialismo (MAS). Según indicó, en varios casos el acceso a contratos millonarios dependía de vínculos personales o políticos.

“El requisito para obtener un contrato sin verificación era ser amigo o pariente de autoridades o del partido”, declaró. Además, sostuvo que estas dinámicas operaban tanto en el nivel central como en gobiernos subnacionales.

Paz afirmó que las contrataciones directas se convirtieron en un incentivo para autoridades como alcaldes y gobernadores. A su juicio, este esquema distorsionó la gestión pública y debilitó la transparencia institucional.

El mandatario aseguró que actualmente se avanza en la identificación de responsabilidades. Indicó que algunos implicados ya se encuentran detenidos, mientras que otros deberán responder ante la justicia en el marco de investigaciones en curso.

“Varios exministros ya están en la cárcel y otros tendrán que rendir cuentas”, señaló. Aclaró que estos procesos no responden a un ánimo de venganza, sino a la necesidad de esclarecer el uso de los recursos públicos.

Las declaraciones de Paz se dieron en el contexto de la promulgación del Decreto Supremo 5600, orientado a transparentar licitaciones y contrataciones. Además, el Ejecutivo anunció la liberación de tarjetas de débito y crédito para transacciones online en el exterior.

Desde una “visión ciudadana”, el presidente insistió en la necesidad de “ordenar la casa” y recuperar la confianza pública. “Estamos derrotando al estado tranca y cloaca”, afirmó al referirse a las prácticas que, según su versión, facilitaron la corrupción durante al menos dos décadas.

Paz sostuvo que su administración trabaja en desmontar un sistema que calificó como estructural. También afirmó que “la corrupción tiene su ideología” y que esta se está evidenciando a través de los procesos de revisión y control en curso.