Una investigación internacional basada en la filtración de 1.431 páginas de documentos internos expone la existencia de una vasta maquinaria de propaganda vinculada al Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR).

Esta estructura, denominada internamente como “la Compañía”, operó en más de 30 países con el objetivo de moldear la opinión pública y debilitar la presencia de Occidente.

Según los reportes financieros analizados, solo entre enero y octubre de 2024, la organización manejó un presupuesto de 7,3 millones de dólares, con gastos mensuales que superaron los 300.000 dólares destinados exclusivamente a la creación de artículos, videos y contenido para redes sociales.

En el caso de Bolivia, los documentos detallan una intervención directa tras la crisis del 26 de junio de 2024, cuando se denunció un presunto “autogolpe”.

La red rusa desplegó una estrategia diseñada para mitigar el impacto negativo del evento y desviar la atención de la población. Así, buscó reforzar la estabilidad del gobierno de Luis Arce, a quien los archivos identifican como un aliado estratégico.

La operación no fue meramente digital, ya que los registros confirman que se organizó el traslado de especialistas rusos a la ciudad de La Paz para asesorar directamente en tácticas comunicacionales y “estabilizar narrativas” en un momento de alta sensibilidad política.

La investigación sitúa a Sergei Vasilievich Mashkevich en el centro del operativo boliviano. Identificado como un estratega clave, Mashkevich fue responsable de desarrollar y aprobar los planes para contrarrestar las acusaciones de “falso golpe de Estado”. Los documentos lo describen como un perfil capaz de tomar decisiones meditadas y aplicar enfoques innovadores para resolver problemas geopolíticos.

Bajo su mando, la red buscó “expulsar” la influencia de potencias como Estados Unidos del territorio boliviano, replicando un modelo de intervención que ya había sido probado con éxito en naciones africanas como Malí, Sudáfrica y la República Centroafricana.

Por otro lado, la actividad en Argentina revela un sistema de captación de medios y figuras públicas. La red habría realizado pagos directos de hasta 2.500 dólares a periodistas o medios para que publicaran contenido alineado con los intereses del Kremlin.

Además, se ejecutaron acciones simbólicas de alto impacto mediático, como la exhibición de mensajes antiucranianos durante partidos de fútbol de la primera división argentina.

Estas acciones formaron parte de una campaña global para posicionar políticamente a Rusia. Ante estas evidencias, el presidente argentino, Javier Milei, ha asegurado que su administración llegará “hasta las últimas consecuencias” para deslindar responsabilidades penales.

La estructura de “la Compañía” funcionaba mediante una combinación de “periodistas fantasmas”, infiltración de líderes de opinión y el uso de medios como plataformas encubiertas.

Los planes estratégicos analizados muestran que estas operaciones se coordinaban desde centros de inteligencia en San Petersburgo y se proyectaban hacia el “Sur Global”. Mientras tanto, el gobierno boliviano aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la presencia de estos agentes rusos en su territorio ni sobre el uso de especialistas extranjeros para moldear la percepción ciudadana.