La Paz / Cochabamba, noviembre de 2025. — La crisis institucional en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se profundiza tras nuevas denuncias que apuntan no solo a exautoridades y gerentes, sino también a la propia Dirección de Transparencia, instancia que debería prevenir y sancionar hechos de corrupción dentro de la empresa estatal.

Organizaciones sociales y dirigentes sindicales hicieron públicas acusaciones sobre la existencia de una presunta red de irregularidades que habría operado al interior de YPFB, con posibles vínculos entre exautoridades y funcionarios actualmente en funciones. El caso, advierten, podría escalar a la vía judicial.

APREHENSIÓN QUE DESTAPA EL ESCÁNDALO

Las denuncias cobran fuerza tras la reciente aprehensión de Gabriela Delgadillo, quien se desempeñaba como gerente en la estatal y fue acusada por presuntos hechos de corrupción y supuesta usurpación de funciones vinculadas a la Vicepresidencia de la empresa.

Dirigentes sindicales sostienen que Delgadillo no habría actuado sola y que existirían funcionarios que tenían conocimiento previo de las decisiones ahora investigadas. “Aquí hubo protección interna. No se puede creer que nadie sabía nada”, manifestó un representante sindical.

SEÑALAMIENTOS DIRECTOS A LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

En el centro de la polémica se encuentra Rocío Jacqueline Landívar Quijarro, actual directora de Transparencia de YPFB, a quien los denunciantes señalan de haber tenido presunto conocimiento de varios actos irregulares atribuidos a Delgadillo.

La principal crítica radica en que, pese a ocupar un cargo orientado al control interno y prevención de corrupción, no se habrían activado mecanismos oportunos para frenar las irregularidades denunciadas.

Además, las acusaciones mencionan una supuesta cercanía política con un exasesor identificado como Montero, quien —según versiones difundidas— también estaría involucrado en hechos irregulares dentro de la estatal.

VENTA IRREGULAR DE DIÉSEL Y OTROS CASOS

Las publicaciones en redes sociales y análisis políticos también vinculan a la Dirección de Transparencia con la falta de acciones contundentes frente a la venta irregular de diésel en Riberalta (Beni), un caso que ya se encuentra bajo investigación fiscal.

Para los críticos, la omisión o demora en actuar configuraría un patrón de encubrimiento. “La unidad que debía fiscalizar terminó siendo el escudo institucional”, señalan analistas energéticos.

POSIBLES DERIVACIONES POLÍTICAS

Las denuncias también mencionan una supuesta relación entre Landívar y Rocío Molina, exasesora de YPFB y actual candidata a la Alcaldía de Cochabamba. Este elemento introduce un componente político en medio de la coyuntura preelectoral, elevando la sensibilidad pública del caso.

Hasta el momento, no se conocen pronunciamientos oficiales de las personas mencionadas respecto a estas acusaciones.

Exigen investigación independiente y reestructuración

Los sectores denunciantes demandaron:

La apertura de una investigación independiente y transparente.

La intervención directa del Ministerio Público.

La revisión de designaciones y contratos dentro de YPFB.

La publicación de informes internos de auditoría.

Advirtieron que, de confirmarse las irregularidades, el caso podría implicar responsabilidades administrativas y penales, no solo individuales sino estructurales.

CRISIS ESTRUCTURAL Y PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD

YPFB, como empresa estratégica del Estado boliviano, administra recursos clave del sector hidrocarburífero. Por ello, cualquier denuncia de corrupción genera alta sensibilidad pública y repercusiones económicas y políticas.

Analistas sostienen que la crisis actual no es aislada, sino que revela fallas estructurales en los mecanismos de control interno. La percepción ciudadana apunta a que la Dirección de Transparencia, lejos de fortalecer la institucionalidad, habría sido ineficaz o permisiva frente a presuntos actos irregulares.

Mientras avanzan las investigaciones sobre Gabriela Delgadillo, crece la presión para determinar si existió una estructura interna que permitió o encubrió los hechos denunciados.

La “Transparencia” de YPFB —afirman los críticos— está hoy bajo la lupa pública, y su credibilidad dependerá de que las investigaciones sean profundas, independientes y sin protección política para ningún funcionario.