La Paz / Cochabamba — El empresario y dirigente político Samuel Doria Medina anunció recientemente en una entrevista con la periodista Jimena Antelo que los subsidios a la gasolina y al diésel podrían levantarse “antes del 8 de diciembre”.
Esa declaración reactiva el fantasma de un “gasolinazo”, un aumento brusco al precio de los combustibles que podría trasladarse inmediatamente a precios de alimentos, transporte y servicios básicos.
Según Doria Medina, la eliminación del subsidio sería una medida necesaria enmarcada en el plan de gobierno de Rodrigo Paz —quien, según sectores políticos, contaría con el respaldo e influencia de Doria Medina y organizaciones vinculadas a su partido. Aunque no se han detallado montos ni el cronograma exacto, la urgencia expresada —junto con la proximidad del 8 de diciembre— preocupa a amplios sectores
En las últimas décadas, la política de subsidios a combustibles ha representado un gasto considerable para el Estado. Según un análisis reciente, el subsidio a gasolina y diésel podría equivaler hasta al 3,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Un informe señala que mantener precios bajos mediante subsidios tiene efectos regresivos, distorsiona los mercados energéticos y promueve economías informales —por ejemplo, el contrabando de combustibles.
En escenarios de posible eliminación abrupta del subsidio, estudios advierten que el impacto social podría ser grave: alza inmediata en el precio de los combustibles, incrementos en transporte y alimentos, presiones inflacionarias y riesgo de empobrecer a los hogares más vulnerables.
Un eventual gasolinazo generaría efectos multiplicadores en la economía: Aumento en el precio del transporte público y de carga, lo que encarecería insumos y productos básicos.
Impacto en el costo de producción agrícola e industrial, afectando empleo, exportaciones y disponibilidad de bienes.
Crecimiento de la inflación, especialmente en bienes esenciales —lo que puede golpear con fuerza a sectores de menores ingresos.
Además, la experiencia pasada en Bolivia demuestra que medidas similares provocaron fuerte descontento social. En 2010, cuando se intentó elevar el precio de los combustibles, se desató un paro nacional que obligó al gobierno a dar marcha atrás.
La Paz / Cochabamba — El empresario y dirigente político Samuel Doria Medina anunció recientemente en una entrevista con la periodista Jimena Antelo que los subsidios a la gasolina y al diésel podrían levantarse “antes del 8 de diciembre”.
Esa declaración reactiva el fantasma de un “gasolinazo”, un aumento brusco al precio de los combustibles que podría trasladarse inmediatamente a precios de alimentos, transporte y servicios básicos.
Según Doria Medina, la eliminación del subsidio sería una medida necesaria enmarcada en el plan de gobierno de Rodrigo Paz —quien, según sectores políticos, contaría con el respaldo e influencia de Doria Medina y organizaciones vinculadas a su partido. Aunque no se han detallado montos ni el cronograma exacto, la urgencia expresada —junto con la proximidad del 8 de diciembre— preocupa a amplios sectores
En las últimas décadas, la política de subsidios a combustibles ha representado un gasto considerable para el Estado. Según un análisis reciente, el subsidio a gasolina y diésel podría equivaler hasta al 3,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Un informe señala que mantener precios bajos mediante subsidios tiene efectos regresivos, distorsiona los mercados energéticos y promueve economías informales —por ejemplo, el contrabando de combustibles.
En escenarios de posible eliminación abrupta del subsidio, estudios advierten que el impacto social podría ser grave: alza inmediata en el precio de los combustibles, incrementos en transporte y alimentos, presiones inflacionarias y riesgo de empobrecer a los hogares más vulnerables.
Un eventual gasolinazo generaría efectos multiplicadores en la economía: Aumento en el precio del transporte público y de carga, lo que encarecería insumos y productos básicos.
Impacto en el costo de producción agrícola e industrial, afectando empleo, exportaciones y disponibilidad de bienes.
Crecimiento de la inflación, especialmente en bienes esenciales —lo que puede golpear con fuerza a sectores de menores ingresos.
Además, la experiencia pasada en Bolivia demuestra que medidas similares provocaron fuerte descontento social. En 2010, cuando se intentó elevar el precio de los combustibles, se desató un paro nacional que obligó al gobierno a dar marcha atrás.
