Redacción central – Bolivia.- Las campañas electorales en Bolivia han tomado un rumbo cada vez más opulento: caravanas multitudinarias, spots en medios nacionales, publicidad masiva en redes sociales y actos proselitistas que parecen dignos de potencias económicas. Sin embargo, la gran incógnita sigue siendo la misma: ¿de dónde proviene el dinero que mueve estas campañas?

En medio de la incertidumbre electoral, surgen denuncias sobre el posible financiamiento del narcotráfico en la política boliviana. La falta de transparencia agrava la desconfianza ciudadana.

Analistas políticos y sectores ciudadanos comienzan a alzar la voz ante lo que consideran una alarmante falta de control y fiscalización del origen de los fondos en la carrera electoral.

En medio de esta preocupación, han surgido denuncias que apuntan a un presunto involucramiento del narcotráfico en el financiamiento de ciertas candidaturas, particularmente aquellas con vínculos cercanos a zonas de producción de coca excedentaria y a dirigentes cocaleros.

LA SOMBRA DEL NARCOTRÁFICO EN LA POLÍTICA

Bolivia es uno de los principales productores de hoja de coca en la región andina, y pese a los esfuerzos institucionales, el desvío hacia actividades ilícitas continúa siendo una realidad.

Exautoridades y miembros de la sociedad civil advierten que algunas campañas políticas estarían siendo financiadas por redes de poder ligadas al narcotráfico, que buscan influencia y protección política a cambio de apoyo económico.

"Hay zonas del país donde ningún candidato puede hacer campaña sin el aval de actores ligados al poder informal. El dinero fluye, pero nadie pregunta de dónde viene", señala un exfiscal antidrogas que pidió mantener el anonimato.

FALTA DE TRANSPARENCIA Y CONTROL ESTATAL

Pese a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) exige la presentación de informes económicos de campaña, los controles son débiles y no existen auditorías rigurosas ni sanciones ejemplares. Además, los informes suelen ser genéricos y omiten detalles clave, como el origen exacto de las donaciones o el uso real de los recursos.

A esto se suma que muchos aportes se canalizan a través de terceros, empresas fantasmas o directamente en efectivo, lo que dificulta aún más su rastreo.

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) ha recibido pedidos para indagar estos movimientos, pero no se conocen resultados contundentes.

UN SISTEMA POLÍTICO VULNERABLE

En este contexto, Bolivia enfrenta un escenario preocupante: una democracia debilitada por la penetración de intereses oscuros, la ausencia de partidos sólidos y el clientelismo como práctica común.

Las campañas se han convertido en una competencia de recursos, donde el que más gasta tiene mayor posibilidad de captar votos, muchas veces con promesas vacías o manipulación de necesidades básicas.

"Si no frenamos esta lógica, lo que tendremos no es una elección democrática, sino una subasta de poder", afirma la politóloga Rosario Zambrana.

EXIGENCIA CIUDADANA: TRANSPARENCIA YA

Frente a este panorama, diversos sectores exigen que el TSE y las instituciones del Estado actúen con firmeza. Se plantea la necesidad de una ley de financiamiento electoral más estricta, auditorías independientes, y mecanismos que obliguen a los partidos a revelar sus fuentes de financiamiento antes, durante y después del proceso electoral.

La democracia boliviana enfrenta un nuevo desafío: protegerse de la captura por intereses ilegales. Solo con transparencia, institucionalidad y vigilancia ciudadana se podrá garantizar que quienes lleguen al poder lo hagan por la voluntad del pueblo, y no por los favores del dinero ilícito. (FAUSTO  COLPARI)