Cochabamba, Bolivia - junio de 2025.- En Bolivia, la figura de Evo Morales continúa siendo eje de tensiones políticas y jurídicas. Diversos sectores de la sociedad civil, instituciones políticas y actores jurídicos han pedido su detención por presuntos delitos que incluyen sedición, terrorismo, abuso de poder y corrupción.

Sin embargo, el aparato estatal –Policía, Ministerio Público y otras entidades encargadas de hacer cumplir la ley– parece incapaz de ejecutar una orden de aprehensión contra el exmandatario.

Pese a las denuncias y pedidos de aprehensión, el exmandatario permanece libre. ¿Se fractura el principio de igualdad ante la ley en Bolivia?

La situación genera interrogantes de fondo sobre la institucionalidad democrática del país y el real funcionamiento del Estado de Derecho. ¿Se está consolidando una figura de impunidad estructural alrededor de Morales? ¿O existen obstáculos políticos que impiden a las autoridades actuar con independencia?

IMPUNIDAD DE FACTO

Aunque desde 2020 se han reactivado varias denuncias en su contra, y algunas instancias judiciales han emitido resoluciones, ninguna se ha traducido en acciones efectivas.

La policía evita intervenir, mientras fiscales guardan silencio o dilatan procesos clave. Esta inacción refuerza la percepción de que en Bolivia la justicia no actúa con el mismo rigor para todos los ciudadanos.

“El Estado ha perdido la capacidad –o la voluntad– de aplicar la ley cuando se trata de Evo Morales”, señala el analista político Ramiro Claros. “Estamos ante una figura con poder residual que sigue condicionando decisiones estatales desde fuera del poder formal”.

PRESIÓN SOCIAL Y POLARIZACIÓN

En las últimas semanas, crecieron las movilizaciones de grupos cívicos, comités ciudadanos, sectores gremiales y plataformas juveniles que exigen el cumplimiento de la ley. Consideran que la permanencia de Morales en el escenario político, sin enfrentar la justicia, es una amenaza para la democracia boliviana.

Por su parte, sectores afines al expresidente aseguran que se trata de una persecución política y judicial promovida por sectores conservadores y el “eje restaurador” del MAS que hoy controla parcialmente el gobierno.

FRACTURA INSTITUCIONAL

Lo más preocupante para los expertos no es únicamente la figura de Evo Morales, sino lo que representa: una fractura institucional que socava la credibilidad de la justicia boliviana. “Cuando un ciudadano, por más líder que haya sido, se convierte en intocable, se rompe el principio de igualdad ante la ley y se debilita la democracia misma”, advierte la jurista Carolina Tapia.

En este contexto, la omisión del Estado –voluntaria o forzada– marca un precedente grave para el futuro del país. No se trata ya de un caso individual, sino de la evidencia de un sistema cooptado, incapaz de hacer valer sus propias normas cuando se enfrenta al poder real.

¿Y AHORA QUÉ?

Bolivia se encuentra ante una encrucijada institucional. Si el Estado no es capaz de aplicar la ley de manera imparcial, se abre la puerta a un proceso de deslegitimación de sus instituciones. La presión social irá en aumento, y el conflicto político podría escalar hacia escenarios de mayor confrontación.

En definitiva, más allá del nombre de Evo Morales, lo que está en juego es el principio de justicia e igualdad en una democracia que se dice participativa, pero que enfrenta sus límites cuando se trata de los poderosos. (FAUSTO COLPARI - EXPERTO EN COMUNICACION POLITICA)