En Bolivia se ha privatizado la justicia que solo sirve a los intereses del Gobierno del MAS y a los sectores más poderosos que están de acuerdo con una línea ideológica. “La justicia esta impuesta por un partido político, que persigue, que destruye y aniquila a líderes políticos y actores sociales opositores”, dijo el sociólogo Martin Pereyra.
Anoto que en el país, hay una dictadura judicial, hay un órgano “parajudicial”, ligado al Gobierno para imponer quienes entran a la cárcel o a quienes se debe perseguir judicialmente.
El Gobierno del MAS ha creado un órgano parajudicial con algunos operadores de justicia que no tienen legitimidad y son fruto de unas elecciones judiciales fraudulentas, ósea los ilegítimos e ilegales van a definir el futuro de los legítimos, asevero, el abogado y sociólogo, Zenón Padilla.
“Tenemos una justicia que junto con el Ministerio Publico la única misión que tienen es la persecución judicial a los que piensan diferente y para ello arman casos de presunta corrupción”, apunto.
Agrego que dictadura judicial es peor que la dictadura militar, donde los altos mandos militares ordenaban la matanza o asesino de quienes pensaban diferente.
En Bolivia los juicios son armados contra líderes políticos y actores sociales opositores al Gobierno. Esto también se ve en los gobiernos populistas de Cuba, Nicaragua, Venezuela y ahora en Bolivia donde hay una justica paralela (parajudicial) que cumple fielmente las instrucciones de los poderosos en función de Gobierno, anoto.
Según los juristas, no solo hay dictadura judicial, sino que el Ministerio Publico acciona los procesos de investigación, cumpliendo los designios del Gobierno.
“Para desgracia de los bolivianos, el Ministerio Publico, es una institución que actúa en la línea con los propósitos políticos del gobierno masista.
El Ministerio Publico, se limita a iniciar procesos contra ciudadanos que piensan diferente. “Es una vergüenza como el Ministerio Publico, persigue y ordena investigaciones para forzar y aplicar pesimamente el Principio de Objetividad. Aprehenden y solicitan la detención preventiva sin respetar el debido proceso.
