La Embajada de Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE) expresaron este sábado su preocupación por el estado físico y psicológico de la expresidenta Jeanine Áñez, luego que intentara quitarse la vida. Instaron al Gobierno a garantizar su derecho a la salud.
"Nos preocupan los informes sobre el bienestar psicológico de Jeanine Añez. Alentamos al gobierno de Bolivia a garantizar que reciba la atención adecuada", dice un mensaje en su red social Twitter la legación diplomática estadounidense.
La exmandataria, la madrugada de este sábado, se causó lesiones en uno de los brazos, en un intento por atentar contra su integridad física. Áñez sufre hipertensión arterial crónica, por esta situación su defensa ha denunciado que ha perdido peso, no puede mantener el equilibrio, no puede mantenerse de pie y está mucho tiempo recostada en su cama a causa de su debilidad.
La Unión Europea también expresó su preocupación y espera que las autoridades responsables garanticen su derecho a la salud de manera integral.
"La UE en Bolivia escucha con preocupación las noticias sobre la ex Presidenta Jeanine Áñez. Esperamos que las autoridades responsables hagan todo para garantizar su derecho a la salud integral, tanto física como mental", se lee en su cuenta de Twitter.
Áñez cumple detención preventiva desde marzo, es investigada por los delitos de sedición, terrorismo, y conspiración. La diputada Lidia Patty (MAS) interpuso la denuncia en contra de la exmandataria y otras exautoridades del gobierno transitorio.
Recientemente la justicia, a pedido de la Fiscalía, dictó otros seis meses de detención preventiva, lo que supone que estará en esa condición hasta febrero de 2022, la medida fue dispuesta después que el Ministerio Público desdobló el caso "golpe" en dos procesos.
Áñez enfrenta al menos siete procesos entre los más destacados está el caso "golpe de Estado" en la justicia ordinaria; mientras que este viernes la fiscalía general presentó la proposición acusatoria de juicio de responsabilidades ante el Tribunal Supremo de Justicia por las muertes en Sacaba y Senkata.
La acción fiscal se produjo después que el presidente del Estado, Luis Arce, pidiera que se agilicen los juicios de responsabilidades por las muertes durante los conflictos entre octubre y noviembre de 2019.
