Tras la muerte del exdirector del Fondo Indígena, Marco Aramayo, detenido en la cárcel por el millonario desfalco a la institución que él mismo denunció, ¿qué queda del caso? El resto de los involucrados continúan libres, mientras que él pasó siete años privado de libertad de manera preventiva.

Aramayo falleció la madrugada de este martes en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal Cotahuma de la ciudad de La Paz, con la esperanza de en algún momento gozar de libertad como lo hacen otros implicados en el caso destapado en 2015.

Aunque nunca se habló de un número exacto de denunciados, entre las figuras más notables está Felipa Huanca, exejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas "Bartolina Sisa" y excandidata a la gobernación de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

El nombre de Huanca apareció en mayo de 2015, en la lista de 153 proyectos que la Contraloría General del Estado denunció a la Fiscalía por recibir desembolsos, pero no concluir o ni siquiera comenzar la obra.

Huanca recibió 99.000 bolivianos para el proyecto Ayni Productivo “Bartolina Sisa”. Ella aseveró que presentó su descargo en 2011, pero los técnicos del Fondo Indígena no lo procesaron.  

En febrero de 2020 fue aprehendida, denunciada por intento de fuga para evadir el proceso en su contra, pero Alan Zárate, Juez Primero Anticorrupción de La Paz, ordenó su libertad pura y simple.

"Por fin se ha hecho justicia, lamentablemente mis hermanas y hermanos que han venido (...) están preocupados, mi familia, mi comunidad", refirió Huanca a su salida de los juzgados del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, donde la esperaba un grupo de personas que le brindaron su respaldo.

El caso en contra de Huanca fue seguido por el exlegislador Rafael Quispe, quien terminó denunciado por acoso alegando que la denuncia que el indígena presentó en su contra por supuesta corrupción perjudicó entonces su candidatura a la Gobernación de La Paz en 2020.

También se habló mucho de la participación de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, que enfrenta un juicio desde el arresto domiciliario, que se le concedió en julio de 2020, tras una audiencia virtual llevada adelante por el juez Alan Zárate. Estaba recluida en la cárcel de Miraflores.

Achacollo fue imputada por incurrir presuntamente en delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes al detectarse distintas anormalidades e irregularidades cuando fungía como presidenta del directorio del Fondo Indígena en su condición de ministra.

Por el caso particular, el exfiscal Ánghelo Saravia denunció en noviembre de 2019, que recibió presiones el exfiscal General Ramiro Guerrero y del actual presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Paul Franco, para liberar a la exministra Nemesia Achacollo, acusada por el millonario desfalco al Fondo Indígena.

En el caso también estuvieron involucrados la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Julia Ramos, quien estuvo en la cárcel de Obrajes y luego se benefició con detención domiciliaria, misma que le fue suspendida en junio de 2021.

En 2020, Rafael Quispe, entonces director del Fondo de Desarrollo Indígena, también solicitó que el presidente Luis Arce, entonces candidato a la presidencia, sea citado a declarar, porque en el periodo que se denunció el desfalco, Arce asumía el Ministerio de Economía.

Sin embargo no se lo citó a declarar. Quispe aseguró entonces que llama la atención que la Fiscalía haya suspendido la declaración del exministro bajo el argumento de que su defensa solicitó conocer el proceso.

"El Ministerio Público le otorgó diez días para que se interioricen del proceso, pero ese plazo venció y no hay cuando lo requieran a declarar", apuntó Quispe quien denunció “encubrimiento” al entonces candidato.

En octubre de 2021 El exdirigente de la de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, fue declarado autor del delito de incumplimiento de contratos y se le impuso la pena privativa de libertad de 5 años a cumplir en el Penal de Palmasola.

También estaban involucrados Elvira Parra y Daniel Zapata. El mismo año Parra fue condenada a cinco años por la comisión del delito de conducta antieconómica.

Por otra parte, mientras que Zapata fue condenado por el delito de incumplimiento de deberes con condenas de cinco años de privación de libertad.

En este mismo proceso fue condenado a cinco años de cárcel el fallecido Marco Aramayo.

En marzo de 2021, también se puso en tela de juicio a la exdiputada Lidia Patty, por haber recibido Bs 1.491.178,13 del Fondo de Desarrollo indígena, Originario y Campesino (Fondioc), junto a otros responsables, por dos proyectos productivos para la provincia Bautista Saavedra del departamento de La Paz. Ella dijo en su momento que no se concluyeron esos proyectos y responsabilizó de ello a exdirectores del Fondioc.

La información sobre Patty y los dos proyectos está dentro del listado de “proyectos con observaciones parciales que generan posible daño económico al Estado (transferidos al régimen de liquidación para evaluación técnica, análisis de descargos e inicio de acciones legales que correspondan)”.

Según ese documento, Patty figura como representante legal para ambos proyectos, junto a Javier Ángel Chávez Mendieta, como representante administrativo, por la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – “Bartolina Sisa”.

En el departamento de Chuquisaca el actual gobernador Damián Condori, disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) y exsecretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) fue enviado al penal de San Roque, en diciembre de 2015, con detención preventiva por el caso de la presunta corrupción en el Fondo Indígena.

Se lo implicó en este caso porque participó como representante legal en dos proyectos, que están calificados por la interventora del Fondo Indígena como “fantasmas”.

No obstante en enero de 2016, Condori devolvió a cuentas del Tesoro General de la Nación (TGN) un total de Bs 642 mil, monto que no fue ejecutado en proyectos del Fondo Indígena.

"Hemos hecho las averiguaciones, había que depositar en la cuenta única del Tesoro, el proyecto obviamente está vencido, ya no se puede ejecutar, ya no se puede devolver a la Csutcb, y es por eso que se ha depositado en la cuenta única del Tesoro los 600.000 bolivianos, por ese concepto Damián Condori no tiene en su poder ni un solo centavo", indicó entonces su abogada Audalia Zurita.

La jurista explicó que el dinero correspondía a un proyecto de "Fortalecimiento Institucional de la Csutcb", pero a raíz de que Condori fue suspendido de su cargo en 2015, la obra no se concretó e informó de esta situación a su sucesor para que continúe con la obra, sin embargo no recibió ninguna respuesta.